La lucha por el agua en la Costa Sur

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Foto de portada: Panorámica río Pacaya, La Blanca. Foto por: Matthew Burnett-Stuart
Por Matthew Burnett-Stuart

Hace más una década que 13 comunidades del municipio de La Blanca, en la Costa Sur de Guatemala, están luchando contra la rápida y destructiva expansión de las grandes plantaciones de monocultivos de palma africana y banano. Guatemala es el tercer exportador de banano del mundo y el noveno de aceite de palma. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estudios Agrarios y Rurales, entre 2003 y 2013 el área de Guatemala cedida a la agroindustria ha aumentado de 40%, con poca o ninguna regulación. El resultado ha sido una drástica disminución de las tierras disponibles para los pequeños agricultores  y sus cultivos anuales de de maíz y frijoles, lo que pone en grave riesgo su seguridad alimentaria.

Estas plantaciones de monocultivos necesitan de enormes cantidades de agua, que se obtienen mediante el uso directo o la desviación de los ríos, causando graves daños a las comunidades locales que dependen de su agua para sus necesidades diarias, especialmente durante la estación seca. Estas áreas también rápidamente se vuelven incapaces de producir otros cultivos debido a la estructura invasora de la raíz de la palma africana. En La Blanca las comunidades se han visto gravemente afectadas por la extracción no regulada de agua del río Pacaya por parte de la empresa BANASA (que tiene una asociación con Rainforest Alliance) y del Grupo Agroindustrias Hame.

Una bomba que lleva agua del río en una plantación del Grupo Hame, cerca de La Blanca en la Costa Sur. Foto por Matthew Burnett-Stuart.

Mientras caminábamos por las plantaciones nos contaban cómo a lo largo de los años estas compañías han modificado y desviado ilegalmente los canales naturales del río, robando y contaminado sus aguas, y construyendo represas y diques, alterando dramáticamente el estilo de vida de los agricultores locales y la biodiversidad de la zona.

Campesinos de la zona siguen luchando por su derecho al agua. Foto por Matthew Burnett-Stuart.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales estima que más del 90% de las fuentes de agua en el país están altamente contaminadas. A pesar de ello, Guatemala sigue siendo el único país de Centroamérica que no tiene una legislación adecuada que proteja el derecho al acceso al agua y que regula su uso. En abril de 2016 tuvo lugar una movilización a nivel nacional por parte de las comunidades rurales para exigir el fin del robo y la contaminación de sus aguas. Esto condujo a una propuesta de ley (5070) que busca dar el mayor poder posible a las comunidades para manejar sus recursos hídricos y hacer cumplir el derecho de las comunidades a ser consultadas sobre cualquier proyecto agroindustrial en su área. Sin embargo, este proyecto de ley está actualmente estancado en el Congreso de la Nación, junto con otras propuestas, y no está claro cuál será su destino.

Nos sentamos con dos miembros de la comunidad de La Blanca para aprender más sobre cómo se han visto afectados ellos y su lucha por defender el medio ambiente y su derecho humano al agua.

Amparo Baró, miembro de la Pastoral de San Marcos

Amparo Baró. Foto por Matthew Burnett-Stuart.

¿Cómo cambió la vida en la comunidad desde la llegada de estas empresas?

Recuerdo que cuando era más joven las mujeres siempre lavaban su ropa en nuestro río Pacaya y los niños jugaban todo el día en ella. Fue muy importante para la vida de la comunidad y nos dio pescado para comer y vender. De hecho, mucha gente de fuera siempre venía a pescar. También había una colina en la pampa que solíamos llamar el “encanto” debido a las vistas y porque se podía oír diferentes tipos de ruidos de animales. Las compañías aplastaron la colina y ahora sólo hay palmas, no queda vida.

¿Qué te mantiene motivada para seguir luchando y organizándose?

Mi fe en Dios me mantiene fuerte. La lucha es difícil, pero debemos continuar para proteger nuestros alimentos, para proteger nuestro medio ambiente con el que hemos vivido en paz por miles de años y para asegurarnos de que nuestros hijos y nietos tengan acceso a agua potable para su salud y futuro.


Eduardo Juárez, Presidente de la organización Comunidades de la Costa Sur en Defensa del Desarrollo

 

Eduardo Juárez. Foto por Matthew Burnett-Stuart.

¿Cuál es tu objetivo?

Queremos que estas compañías salgan de aquí. No estamos en contra del desarrollo, pero ¿cuándo has comido una tortilla de una palma? Nuestra agricultura nos ha sostenido por miles de años y ahora corremos el riesgo de perderlo todo. Queremos vivir en paz con la naturaleza.

¿Cómo se han organizado en la última década?

He estado involucrado desde 2008 y con el apoyo de la Pastoral de la Tierra de San Marcos siempre hemos denunciado públicamente lo que las empresas estan haciendo a nuestra tierra y comunidad, pero en vano. El Ministerio de Medio Ambiente visitó una vez, observando el daño hecho desde arriba en un helicóptero, pero al final el negocio siempre parece ganar respecto a los derechos de los agricultores.

En 2015 formé parte de una delegación que fue a Washington para presentar nuestra experiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el mismo año fui a El Salvador para participar en el Tribunal Latinoamericano del Agua que pero tiene solo un valor simbólico. Estas experiencias han contribuido a sensibilizar sobre nuestra situación, pero no han sido seguidas con soluciones concretas.

Necesitamos mantenernos unidos y debemos unir nuestra resistencia con otras organizaciones en toda Guatemala. Este es un asunto para todos, no sólo para nosotros.

¿Cómo han reaccionado las empresas a sus actividades?

Emplean diferentes estrategias. Al principio dijeron que ofrecerían trabajos a todos en la región, pero en realidad las plantaciones de palma no requieren mucho trabajo manual. Dicen que han mejorado los niveles de empleo, pero aún no hemos visto datos. También han tratado de dividir nuestra comunidad con sus programas de responsabilidad social, dando cosas como estufas y otras cosas a las familias, pero a largo plazo estos beneficios no harán nada para devolver la vida a nuestros ríos y tierra. La guerra civil puede haber terminado hace 20 años, pero este es otro tipo de guerra.