Madres menores: las cifras reveladoras

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En 2014, se registró un total de 71,000 jóvenes embarazadas de entre los 10 y 19 años.
Foto de portada: Una niña en el festival de barriletes en Sumpango, Sacatepéquez. Foto por Patricia Macías.
Por Patricia Schwartz

El estudio anual del OSAR (Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva) revela cifras alarmantes sobre la realidad de las madres menores de edad en Guatemala. Según datos de 2016, en solo el primer trimestre de este año se registró 9,829 embarazos en niñas menores de 18 años.

En 2014, se registró un total de 71,000 jóvenes embarazadas de entre los 10 y 19 años. Cabe destacar que de esta cifra, 5,119 tenían menos de 14 años.

La alta tasa de embarazos en niñas y jóvenes en Guatemala es un síntoma de los incontables y complejos problemas sociales a los que se puede remontar la condición de subordinación general de las mujeres en el país. La sub-representación de la mujer en las esferas políticas, económicas y educativas así como los casos de violencia y exclusión que sufren, contribuyen al mantenimiento de una estructura patriarcal que oprime a las mujeres y elimina sus oportunidades para salir adelante.

Las consecuencias de embarazos en menores tiene efectos adversos en la salud de las madres y en la de los bebes. La extensa lista de riesgos en madres menores y en sus hij@s, debido al estado inadecuado del cuerpo de una niña para soportar un embarazo, incluye mala nutrición y falta de nutrientes esenciales para el buen desarrollo del bebé. En el 50 por ciento de los casos en Guatemala, las niñas embarazadas presentan una estatura menor de 1.5 metros, lo cual representa un gran riesgo de nacimientos de bebes con bajo peso. Asimismo aumenta la posibilidad de muerte intrauterina, malformaciones, hipertensión arterial durante el embarazo y una larga gama problemas relacionados con el desarrollo y el rendimiento físico y mental de los recién nacidos,  lo cual suele durar toda su vida.

Tres generaciones en Xela. Foto por Patricia Macías.

Los embarazos en la adolescencia también tienen un efecto dominó que debilita el tejido social del país. El OSAR ha demostrado que el 88% de las niñas que estaban en la escuela, abandonaron sus estudios después de quedar embarazadas. La ausencia de estas jóvenes mujeres en el sistema educativo provoca un vacío permanente en los centros productivos y políticos. El número de mujeres guatemaltecas que no generan ingresos propios cuadruplica el de los hombres. Esto se debe en gran medida a la cantidad substancial de tiempo que pasan haciendo trabajo doméstico no remunerado.

Como acertadamente ha dicho Vilma Liliana de León, Acompañante de Democracia en Género de la organización no lucrativa nacional SERJUS, “los valores de la familia se reflejan en la sociedad.”

Estamos viviendo en una sociedad en la cual el 45% de las mujeres son víctimas de violencia verbal, física o sexual, según datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de 2008. Este año, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) registró 1,663 delitos sexuales contra mujeres durante evaluaciones legales con médicos, en tan solo los primeros 3 meses de 2016. La población más afectada por este tipo de violencia son niñas entre 0 y 17 años.  Más aún, hay que tomar en cuenta la cifra negra de datos relacionados con el tema de violencia contra la mujer por la cultura de silencio que existe alrededor de los temas de violencia sexual; que a menudo se debe a la prevalencia de las transgresiones intrafamiliares que constituyen la inmensa mayoría de los delitos de violencia sexual contra niñas.

A pesar de los desafíos abrumadores, existen algunos signos de esperanza, al menos en teoría, dentro de la legislación guatemalteca en la lucha por la progresión y la protección de las mujeres. En noviembre de 2015, el Congreso modificó el Código Civil para elevar la edad mínima legal para el matrimonio de 14 a 18 años para las mujeres (16 a 18 años para los varones). La Ley contra el Femicidio nacional también puede ser una herramienta fuerte y comprehensiva, cuando se pone en práctica.

Sin embargo, “la debilidad está en la aplicación”, lamenta la Señora De León. Trabajando en el campo de la democracia de género, ella es testigo de primera mano de la enorme brecha entre la ley y su cumplimiento en un clima cultural oprimente. Se ha observado año tras año las recomendaciones propuestas al  gobierno en cuanto a la aplicación de las leyes existentes, sin que haya ningún tipo de avance tangible. Aunque una ley robusta puede existir en el papel, se vuelve inútil sin la aplicación adecuada. En el ejemplo de la Ley contra el Femicidio, todavía hay una gran cantidad de vacilaciones por parte de los informantes potenciales a causa de las normas restrictivas alrededor de la costosa representación  de un abogado. Del mismo modo, la demanda insatisfecha del país para la anticoncepción y educación sobre planificación familiar (clasificado como uno de los más altos de América Latina y el Caribe) podría ser abordado  a través de reformas y medidas aplicadas de conformidad con el existente Decreto 87-2005, Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar.

Según la Señora de León, las áreas más críticas de intervención para combatir la violencia contra y la exclusión de las mujeres que exacerban la situación actual de embarazos en menores son: la educación sexual,  un sistema de salud integral y la participación política activa de las mujeres y los hombres jóvenes.

Ella reconoce la necesidad de una educación sexual objetiva en mujeres jóvenes, para “aceptar y cuidar de sus cuerpos;” convirtiéndolas en actoras menos vulnerables y defensoras de sus derechos. En general, un enfoque más preventivo en salud, más allá del actual sistema curativo y subfinanciado que, en su opinión sólo se reconoce en las mujeres que ya están embarazadas, podría abordar las estructuras subyacentes y crear mejoras duraderas en la salud de la mujer.

Desde la perspectiva de la democracia de género, hay que reconocer los papeles que los hombres y las mujeres tienen que desempeñar para la creación de una Guatemala más segura y más constructiva para tod@s. Esta lucha también requiere la creación de nuevos modelos de masculinidad, la eliminación de la violencia en la concepción y presentación de género, y la creación de espacios abiertos en cuales los hombres puedan pedir ayuda y buscar comprensión.

Guatemala ha sido un caldo de cultivo para la acción política dirigida por jóvenes en los últimos años. Estas generaciones tienen el poder y el potencial para realizar una reforma real a través de las fronteras políticas, sociales y culturales. El primer paso es diagnosticar los problemas y limitaciones que frenan a las mujeres, y desde allí, pronunciarse en contra. Como conoce De León de primera mano, “la lucha empieza con nosotr@s mismas.”