Seg\u00fan la Unidad de Protecci\u00f3n a defensoras y defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), el total de agresiones registradas contra personas defensoras entre enero y junio de 2020 ascender\u00eda a 677. En su mayor\u00eda actos de criminalizaci\u00f3n, difamaci\u00f3n, estigmatizaci\u00f3n y discursos de odio, as\u00ed como asesinatos, amenazas, intentos de asesinato, actos de intimidaci\u00f3n y vigilancia.\u00a0<\/span><\/p>\n A pesar de ser criminalizados, su lucha continua, estas son algunas de las historias.\u00a0<\/span><\/p>\n Caso CECOPA<\/b><\/p>\n La recuperaci\u00f3n de\u00a0 las instalaciones del Centro Comunal de Patz\u00fan (CECOPA), en Patz\u00fan, Chimaltenango, se convirti\u00f3 en la criminalizaci\u00f3n de 15 personas.<\/span><\/p>\n El centro creado para el bienestar de la comunidad cumpli\u00f3 con este prop\u00f3sito durante 10 a\u00f1os, pero los 20 a\u00f1os siguientes fue utilizado para beneficios particulares, lo que provoc\u00f3 malestar en la poblaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n La ciudadan\u00eda se organiz\u00f3 para la defensa del lugar con la consigna de que no hubo transparencia en los procesos de elecci\u00f3n de la junta directiva que adem\u00e1s se apoder\u00f3 del cargo y no lo renov\u00f3. Para evitar que los vecinos y vecinas recuperar\u00e1n lo que les pertenec\u00eda, las personas que se beneficiaban del lugar denunciaron en el Ministerio P\u00fablico a la junta directiva elegida para la restauraci\u00f3n del bien a la comunidad.<\/span><\/p>\n COPAE inform\u00f3 que 13 de las personas criminalizadas fueron ligadas a proceso penal el 5 de abril de 2019 por los delitos de allanamiento con agravaciones espec\u00edficas, coacci\u00f3n y usurpaci\u00f3n agravada; mientras que dos m\u00e1s fueron notificados el 27 de septiembre de 2020, por los delitos de coacci\u00f3n y usurpaci\u00f3n agravada.<\/span><\/p>\n Caso Hidro Sal\u00e1\u00a0\u00a0\u00a0<\/b><\/p>\n La oposici\u00f3n a megaproyectos tambi\u00e9n se ha convertido en una injusta raz\u00f3n para la persecuci\u00f3n de integrantes de la comunidad, como sucedi\u00f3 con el pueblo maya mam de San Pablo, San Marcos. El rechazo a proyectos hidroel\u00e9ctricos para proteger su territorio, sobre todo un r\u00edo, fue la raz\u00f3n de amenazas en contra de Fausto S\u00e1nchez Roblero.<\/span><\/p>\n Un d\u00eda antes de su captura hab\u00eda participado en una asamblea con comunidades en resistencia, porque hab\u00edan capturado a una compa\u00f1era. Los pobladores recuerdan que a Fausto lo sacaron de su vivienda y su familia no sab\u00eda d\u00f3nde lo ten\u00edan.<\/span><\/p>\n \u201cLo encontramos en un estado muy dif\u00edcil. Fue una especie de secuestro, un trauma psicol\u00f3gico para \u00e9l y su familia\u201d, recuerda uno de los pobladores que cuenta su relato en el documental Tropelia.<\/span><\/p>\n A Fausto lo ubicaban como uno de los dirigentes que provocaba zozobra a la empresa Hidroel\u00e9ctrica Sal\u00e1. Su captura se realiz\u00f3 antes de las 6 horas, algo constitucionalmente imposible.\u00a0<\/span><\/p>\n En marzo de 2017, m\u00e1s de dos a\u00f1os despu\u00e9s en prisi\u00f3n, el l\u00edder comunitario fue declarado inocente del secuestro de un trabajador de la hidroel\u00e9ctrica. Fausto no fue la \u00fanica persona criminalizada por la defensa de su territorio frente a Hidroel\u00e9ctrica Sal\u00e1.<\/span><\/p>\n Caso R\u00edo Cab\u00f3n<\/b><\/p>\n Bernardo Caal Xol, originario de Santa Mar\u00eda Cahab\u00f3n, Alta Verapaz, es uno de los l\u00edderes ambientalistas guatemaltecos m\u00e1s reconocidos y fue liberado de prisi\u00f3n en abril de 2022. Su lucha por el r\u00edo Cahab\u00f3n provoc\u00f3 que lo criminalizaran, \u00e9l asegura que est\u00e1 decidido a continuar con la lucha, \u201cporque las comunidades que nunca han dejado de luchar me esperan\u201d.\u00a0<\/span><\/p>\n En 2015, Caal, siendo un maestro de educaci\u00f3n primaria, organiz\u00f3 una oposici\u00f3n pac\u00edfica contra la construcci\u00f3n de dos proyectos hidroel\u00e9ctricos por sus efectos perjudiciales en el R\u00edo Cahab\u00f3n, considerado sagrado por la comunidad local. Caal inici\u00f3 acciones legales contra la hidroel\u00e9ctrica y la Corte Suprema de Guatemala fall\u00f3 a su favor, aceptando que OXEC no hab\u00eda obtenido el consentimiento de los pueblos ind\u00edgenas residentes en la zona antes de iniciar el proyecto. La empresa apel\u00f3 esta decisi\u00f3n, el caso fue llevado a la Corte de Constitucional, que tambi\u00e9n fall\u00f3 a favor de Caal y suspendi\u00f3 el proyecto.<\/span><\/p>\n Sin embargo, el Tribunal Constitucional posteriormente revoc\u00f3 esta decisi\u00f3n y permiti\u00f3 que la empresa continuar\u00e1 operando, cediendo a las presiones de los sectores empresarial y pol\u00edtico.<\/span><\/p>\n En enero de 2018, Caal fue citado a audiencia judicial, detenido y acusado de robo agravado y detenci\u00f3n ilegal de empleados de la central hidroel\u00e9ctrica que presuntamente ocurri\u00f3 en 2015. En noviembre de 2018, en base a muy pocas pruebas, fue sentenciado a siete a\u00f1os de prisi\u00f3n y cuatro meses.<\/span><\/p>\n Amnist\u00eda Internacional lo declar\u00f3 oficialmente preso de conciencia y organiz\u00f3 una campa\u00f1a para pedir firmas para su liberaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n Bernardo Caal<\/p>\n <\/p>\n Caso mujeres contra las minas<\/b><\/p>\n Mar\u00eda Magdalena Cuc Choc, es una mujer ind\u00edgena q\u2019eqhi de El Estor, Izabal. Maestra e int\u00e9rprete, apoya a otras mujeres para que juntas defiendan el territorio.<\/span><\/p>\n Mar\u00eda decidi\u00f3 apoyar a las mujeres cuando se dio cuenta que en varias comunidades afectadas por las actividades de empresas mineras extranjeras eran ignoradas, porque solo hablan q\u2019eqhi y no espa\u00f1ol.\u00a0<\/span><\/p>\n En el lugar hab\u00eda desalojos de familias, las mujeres lograron registrar una demanda en Canad\u00e1, pa\u00eds de origen de la empresa minera responsable de los desalojos.<\/span><\/p>\n La defensa provoc\u00f3 amenazas, persecuci\u00f3n, criminalizaci\u00f3n y encarcelamiento. El acompa\u00f1amiento que Mar\u00eda le dio a las comunidades ind\u00edgenas en la defensa de su territorio fue el motivo principal de su criminalizaci\u00f3n.\u00a0 La acusaron de usurpaci\u00f3n agravada, detenci\u00f3n ilegal y amenazas.<\/span><\/p>\n El municipio de Mar\u00eda ha sufrido las consecuencias de que se instalen empresas mineras que los despojan de su tierra, adem\u00e1s de empresas de palma africana, ca\u00f1a de az\u00facar y bananeras que da\u00f1an la fertilidad de la tierra. La contaminaci\u00f3n y perjuicio de las fuentes de agua es otro problema al que contribuyen las hidroel\u00e9ctricas.<\/span><\/p>\n \u201cHemos sufrido muchos desalojos, 11 mujeres fueron violadas, \u00bfqui\u00e9nes lo hicieron?, agentes de seguridad de la empresa minera y polic\u00edas nacionales. El \u00fanico delito es que alces la voz\u201d, dijo Mar\u00eda.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n <\/p>\n Mar\u00eda Magdalena Cuc Choc<\/span><\/p>\n <\/p>\n Caso Abelino Chub<\/b><\/p>\n Abelino Chub Caal, defensor de su tierra, ha apoyado a comunidades ind\u00edgenas con procesos legales para el reconocimiento de sus derechos territoriales e impulso de proyectos autosuficientes de agricultura sostenible. Su historia de criminalizaci\u00f3n inici\u00f3 en el 2016, cuando dos empresas de agronegocio intentaron expandir su producci\u00f3n de banano a la de palma aceitera. Para hacer eso, decidieron utilizar tierra donde viven comunidades ind\u00edgenas Q\u2019eqchi, en el Estor Izabal.<\/span><\/p>\n Chub inici\u00f3 como mediador entre las comunidades y la empresa transnacional. Presenci\u00f3 desalojos de centenares de familias; en 2007 cuando una empresa minera canadiense desaloj\u00f3 a 100 familias de El Estor, cerca de la costa del Pac\u00edfico de Guatemala, y las de 2011, los despiadados desalojos de 732 familias ind\u00edgenas Q\u2019eqchi de sus tierras en el Valle de Polochic, posteriormente fueron plantados cultivos de az\u00facar para la producci\u00f3n de biocombustibles. Personas resultaron heridas y mujeres de la comunidad fueron violadas durante el desalojo, pero esas violaciones nunca fueron investigadas en Guatemala<\/span><\/p>\n El 4 de febrero del 2017, Abelino fue detenido mientras celebraba su cumplea\u00f1os con su esposa y sus dos hijos. Permaneci\u00f3 en custodia esperando por su juicio por m\u00e1s de dos a\u00f1os. En abril de 2019, tras haber presentado evidencia de no haber estado en la zona el d\u00eda del incendio, Abelino fue absuelto de todos los cargos durante su juicio. La Corte concluy\u00f3 desestimar el caso.<\/span><\/p>\n Estuvo preso por dos a\u00f1os por un crimen que no cometi\u00f3. Abelino ahora es libre, pero su lucha, y la lucha de otras personas defensoras, a\u00fan est\u00e1n lejos de terminar.<\/span><\/p>\n \u201cSeguir\u00e9 denunciando todos los problemas que afectan a las comunidades. Al igual que otros defensores de la tierra y del medio ambiente, no trabajo para m\u00ed, sino para proteger los derechos de las comunidades que han sido abandonadas por el Estado\u201d dijo a un medio internacional.<\/span><\/p>\n Abelino Chub Caal<\/span><\/p>\n <\/p>\n Caso Dominga Botzoc, la negociadora del caso R\u00edo Polochic<\/b><\/p>\n En las lejanas comunidades de Panz\u00f3s, Alta Verapaz, vive Dominga Botzoc, de 41 a\u00f1os, es una de las sobrevivientes de los desalojos de tierras en el 2011.<\/span><\/p>\n Es madre soltera, su determinaci\u00f3n y compromiso\u00a0 con su comunidad la convirtieron en una de las negociadoras. En entrevistas ha declarado;\u00a0 \u201cSoy consciente del sufrimiento de todas, porque fue un sufrimiento colectivo, por eso tom\u00e9 el valor de participar en las acciones y en algunas reuniones que tuvimos con las instituciones agrarias\u201d.<\/span><\/p>\n A pesar de las luchas que mantienen hasta la fecha, todav\u00eda el Estado de Guatemala no ha logrado garantizarles vivienda digna, escuela, un centro de salud ni carreteras para su f\u00e1cil acceso.<\/span><\/p>\n No olvidan que el Gobierno de Guatemala los desaloj\u00f3 de forma violenta en el 2011. Sus cultivos fueron quemados y tres campesinos murieron por parte de los Cuerpos de Seguridad del Estado y la empresa azucarera Chabil Utzaj.<\/span><\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/www.entremundos.org\/revista\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/cecopa.jpg?ssl=1\")
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