![\"\"](\"https:\/\/www.entremundos.org\/revista\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/22-25-creditos-camila-juarez-1.jpg\")
<\/a>\u201cSomos Ral Ch\u2019och, que quiere decir: nacimos, vivimos y estamos en nuestras tierras. No podemos ir a otro lugar que no sea nuestro\u201d. Pascual Miranda, Comunidad R\u00edo Cristalino.<\/p>\n
En ese contexto, el conflicto armado interno que dur\u00f3 36 a\u00f1os en el pa\u00eds tuvo el problema de la tierra en el centro, y gener\u00f3 nuevos desplazamientos y p\u00e9rdidas de tierras que en muchos casos contaban con t\u00edtulos coloniales. En el presente siglo, nuevos actores han emergido en los territorios en el contexto de las pol\u00edticas extractivistas y ejercen presi\u00f3n sobre los territorios ind\u00edgenas. Los gobiernos de turno han sido mayoritariamente aliados del poder econ\u00f3mico agrario, en desmedro de miles de comunidades que son obligadas violentamente a dejar sus tierras y sus viviendas porque no cuentan con seguridad jur\u00eddica sobre ellas.<\/p>\n
Alta y Baja Verapaz son dos de los departamentos en donde se concentran m\u00e1s casos de desalojos violentos debido a la inseguridad jur\u00eddica que tienen las comunidades ind\u00edgenas y campesinas sobre la tierra que habitan. Estas comunidades reivindican su derecho ancestral a vivir en ese lugar y su rol como protectoras del medio ambiente y el territorio, frente a los agronegocios y otras formas de acaparamientos que est\u00e1n vulnerando sus derechos.<\/p>\n
Tan solo en los primeros siete meses de 2024 se registran 15 desalojos en los departamentos de Pet\u00e9n, Escuintla, Jalapa, Alta y Baja Verapaz. Cuatro de los casos fueron extrajudiciales motivados por grupos paramilitares sin notificaci\u00f3n previa, 11 fueron por \u00f3rdenes judiciales. El mayor problema de los desalojos es que las familias pierden todos sus medios de vida y quedan en condiciones infrahumanas, sin techo y sin comida.<\/p>\n El rol del Estado<\/strong><\/p>\n En el marco de los Acuerdos de Paz de 1996 se cre\u00f3 la Secretar\u00eda de Asuntos Agrarios (SAA), para buscar soluciones pac\u00edficas a la conflictividad de tierras. Esta entidad fue desmantelada en 2020 como parte de las reformas impulsadas por el gobierno de Alejandro Giammattei para concentrar en el ejecutivo la resoluci\u00f3n de la conflictividad. La medida dej\u00f3 a la deriva m\u00e1s de 1,500 casos agrarios, actualmente asignados a la Secretaria Privada de la Presidencia.<\/p>\n Por otro lado, las instituciones de justicia han aumentado la persecuci\u00f3n y criminalizaci\u00f3n de l\u00edderes comunitarios que luchan por obtener la seguridad jur\u00eddica sobre las tierras que habitan. Un ejemplo de ello es la creaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda Especializada contra los Delitos de Usurpaci\u00f3n en 2021, cuyo objetivo es investigar la usurpaci\u00f3n de tierras y propiedades, incluyendo los conflictos agrarios entre comunidades ind\u00edgenas y campesinas, empresas y terratenientes.<\/p>\n Los siguientes datos fueron compartidos por Comunicaci\u00f3n Social del Ministerio P\u00fablico de Guatemala, por mensaje de Whatsapp: desde su creaci\u00f3n, la fiscal\u00eda registra 1,455 denuncias, en su mayor\u00eda por el delito de usurpaci\u00f3n y usurpaci\u00f3n agravada. Solo entre enero y mayo de 2024 se contabilizaban 331. El Ministerio P\u00fablico (MP) no aclara quienes presentaron estas denuncias y, aunque afirma haber resuelto el 91% de la totalidad de casos, no indica si fueron desestimados o resueltos por un juez. De las denuncias recibidas hay 128 solicitudes de desalojos pendientes de autorizar por el Organismo Judicial.<\/p>\n La creaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda de Usurpaci\u00f3n fue fuertemente criticada por defensores de derechos humanos en Guatemala y organizaciones campesinas, porque lejos de resolver la conflictividad agraria promueve la judicializaci\u00f3n de las comunidades ind\u00edgenas que luchan por el acceso y recuperaci\u00f3n de tierras. Un indicador de ello es la alta tasa de agresiones contra personas defensoras del medio ambiente. La Unidad de Defensoras y Defensores de Guatemala (UDEFEGUA) registra 1002 agresiones entre 2021 y 2023.<\/p>\n Por su parte, empresarios y terratenientes aplaudieron la creaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda de Usurpaci\u00f3n. Su inter\u00e9s queda demostrado con la firma de convenio interinstitucional entre el MP y el Observatorio de Derechos de Propiedad, un ente creado por el Comit\u00e9 Coordinador de Asociaciones Agr\u00edcolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y la C\u00e1mara del Agro. La primera re\u00fane a empresarios de todo el pa\u00eds, la segunda aglutina a terratenientes que se oponen a la recuperaci\u00f3n de tierras por parte de las comunidades ind\u00edgenas que reclaman su derecho ancestral a habitarlas (\u2026)<\/p>\n Un nuevo comienzo<\/strong><\/p>\n En febrero de 2024, a los pocos d\u00edas de haber asumido su mandato, el presidente progresista Bernardo Ar\u00e9valo firm\u00f3 un Acuerdo Agrario con cuatro organizaciones campesinas que llevan trabajando cerca de 30 a\u00f1os con comunidades en riesgo de ser desalojadas.<\/p>\n En dicho Acuerdo el presidente se compromete a atender la conflictividad agraria en el territorio nacional, impulsar el acceso a la tierra, renovar la institucionalidad agraria, fortalecer la econom\u00eda campesina, y establecer un mecanismo de di\u00e1logo permanente entre el gobierno y las organizaciones campesinas.<\/p>\n Consideramos que con la firma de este acuerdo tendremos alguna mejor\u00eda, son 100 casos los que est\u00e1n puestos sobre la mesa, explica Carlos Morales de la Uni\u00f3n Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), una de las organizaciones que firm\u00f3 el acuerdo junto con el Comit\u00e9 de Unidad Campesina (CUC), la Asociaci\u00f3n Ind\u00edgena Campesina Ch\u00b4orti\u00b4 Nuevo D\u00eda y el Comit\u00e9 Campesino del Altiplano (CCDA).<\/p>\n Aqu\u00ed no se est\u00e1 favoreciendo a pueblos ind\u00edgenas o campesinos, lo que sucede es que hist\u00f3ricamente estos sectores han estado excluidos. Este gobierno tiene m\u00e1s sensibilidad, por supuesto enmarcado en la legalidad, est\u00e1 tratando de atender y de escuchar la demanda de la poblaci\u00f3n y asignar equipos especializados para que puedan abordar los casos seg\u00fan sea su caracterizaci\u00f3n, explica Leocadio Jurac\u00e1n del CCDA.<\/p>\n Uno de los primeros logros del di\u00e1logo entre el gobierno y las organizaciones campesinas es el reciente cambio dentro del Consejo Directivo del Fondo de Tierras, instituci\u00f3n encargada de la regularizaci\u00f3n de procesos de adjudicaci\u00f3n de tierras del Estado, que ha permitido el ingreso de nuevos representantes ind\u00edgenas y campesinos que buscan renovar dicha entidad.<\/p>\n Para conocer sobre la problem\u00e1tica de la tierra y la conflictividad agraria en Guatemala desde la voz de quienes la padecen se presentan los casos de las comunidades Canasec, Dos Fuentes, Rio Cristalino, Calij\u00e1 y Lajeb Kej, ubicadas en Alta y Baja Verapaz. Estas comunidades han habitado su territorio ancestralmente, pero se encuentran en riesgo de perder sus tierras debido a las amenazas de desalojos y la inseguridad jur\u00eddica que tienen sobre ellas. Neida Solis, periodista y soci\u00f3loga maya Chalchiteka. Escribe sobre extractivismo, defensa del territorio, luchas de las mujeres, derechos humanos y otros.<\/em><\/a><\/a><\/a>
\nEsta investigaci\u00f3n fue creada con el apoyo de vistprojects.com y consta de cinco cap\u00edtulos y cinco v\u00eddeos que retratan y narran las historias de resistencia.<\/p>\n