![\"\"](\"https:\/\/www.entremundos.org\/revista\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/14-17-doris-miranda-para-human-rights-watch-300x200.jpg\")
<\/a>Alarmante<\/strong><\/p>\n El informe de 85 p\u00e1ginas, \u201cObligadas a renunciar a sus sue\u00f1os: Violencia sexual contra ni\u00f1as en Guatemala\u201d, documenta las numerosas barreras que enfrentan las ni\u00f1as sobrevivientes de violencia sexual para acceder a atenci\u00f3n m\u00e9dica esencial, educaci\u00f3n, seguridad social y justicia. La ley guatemalteca clasifica cualquier actividad sexual que involucre a una ni\u00f1a o ni\u00f1o menor de 14 a\u00f1os como violencia sexual.<\/p>\n El Registro Nacional de las Personas de Guatemala (RENAP) inform\u00f3 que entre 2018 y 2024, 14 mil 696 ni\u00f1as menores de 14 a\u00f1os dieron a luz y se convirtieron en madres. En muchos casos en contra de su voluntad. \u201cLa violencia sexual sigue siendo un problema generalizado y sist\u00e9mico en Guatemala, que afecta desproporcionadamente a ni\u00f1as menores de 14 a\u00f1os\u201d, se\u00f1al\u00f3 Cristina Quijano Carrasco, investigadora de derechos de la mujer de Human Rights Watch. \u201cEl hecho de que Guatemala no adopte medidas adecuadas para prevenir y poner fin a la violencia sexual y los embarazos forzados entre las ni\u00f1as puede tener consecuencias potencialmente mortales, incluidos riesgos para la salud f\u00edsica y mental de las ni\u00f1as, y puede afectar profundamente el ejercicio de sus derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n Para la investigaci\u00f3n, Human Rights Watch entrevist\u00f3 a m\u00e1s de 72 representantes de sociedad civil, organizaciones, funcionarios gubernamentales, personal de atenci\u00f3n m\u00e9dica y otros expertos y se analizaron datos gubernamentales.<\/p>\n Sin atenci\u00f3n<\/strong><\/p>\n En un caso, una ni\u00f1a de 11 a\u00f1os de una zona rural fue violada por su padre y acudi\u00f3 a atenci\u00f3n m\u00e9dica tras descubrir que estaba embarazada de cinco meses. Aunque denunci\u00f3 el caso, las autoridades la enviaron de vuelta con su padre y la obligaron a dar a luz en su casa en condiciones inseguras y sin asistencia. Las autoridades nunca detuvieron al padre y, como el caso nunca fue objeto de una sentencia judicial, la ni\u00f1a no recibi\u00f3 ninguna reparaci\u00f3n por el da\u00f1o sufrido.<\/p>\n El acceso de las ni\u00f1as a servicios integrales de salud en Guatemala es muy limitado. Las largas distancias de viaje, la escasez cr\u00f3nica de personal capacitado y los recursos inadecuados en los centros de salud impiden el acceso oportuno a servicios y suministros de atenci\u00f3n de salud esenciales, como anticoncepci\u00f3n de emergencia y atenci\u00f3n prenatal, durante el parto y posnatal.<\/p>\n Estas barreras afectan desproporcionadamente a las ni\u00f1as de comunidades rurales e ind\u00edgenas, que a menudo deben viajar durante horas o incluso d\u00edas fuera de sus comunidades para llegar a los centros de atenci\u00f3n de salud en las capitales departamentales. La ley guatemalteca permite el aborto terap\u00e9utico cuando la vida de la embarazada est\u00e1 en riesgo, pero el estigma y la falta de conocimiento de la ley entre los proveedores de atenci\u00f3n m\u00e9dica obstaculizan el acceso a este servicio de salud esencial.<\/p>\n El sistema educativo de Guatemala tampoco apoya a las ni\u00f1as embarazadas ni a las madres j\u00f3venes. En noviembre de 2024, solo 213 estudiantes embarazadas estaban registradas en el sistema educativo a nivel nacional. La falta de apoyo de las escuelas y el gobierno, el estigma, la presi\u00f3n familiar y la violencia contribuyen a las altas tasas de deserci\u00f3n escolar de las ni\u00f1as embarazadas, especialmente en las comunidades rurales. Muchas se ven presionadas a abandonar la escuela de forma permanente y, a menudo, son enviadas a vivir con sus agresores o se les asignan tareas dom\u00e9sticas.<\/p>\n La sociedad suele etiquetar a las ni\u00f1as como \u201cimpuras\u201d o \u201csucias\u201d, estigmatiz\u00e1ndolas a\u00fan m\u00e1s y culpando a las sobrevivientes en lugar de a los abusadores. La falta de pol\u00edticas p\u00fablicas dise\u00f1adas para permitir que las estudiantes embarazadas o madres, contin\u00faen sus estudios deja a las ni\u00f1as sin el apoyo acad\u00e9mico, social y emocional necesario. Los programas de protecci\u00f3n social para ni\u00f1as embarazadas y madres tambi\u00e9n son insuficientes para garantizar su derecho a la seguridad social. El programa gubernamental Vida, cuyo objetivo es brindar asistencia en efectivo a ni\u00f1as embarazadas y madres menores de 14 a\u00f1os, tiene una baja cobertura debido a sus restrictivos requisitos de elegibilidad y a los onerosos obst\u00e1culos burocr\u00e1ticos. En 2024, solo 129 ni\u00f1as estaban inscritas en el programa, a pesar de que ese a\u00f1o dieron a luz 1.953 ni\u00f1as menores de 14 a\u00f1os.<\/p>\n La investigaci\u00f3n se llev\u00f3 a cabo en tres ciudades del pa\u00eds, Huehuetenango, Cob\u00e1n y Ciudad de Guatemala, en un esfuerzo por analizar la violencia sexual en diversos contextos socioecon\u00f3micos y \u00e9tnicos. Estas ciudades son las cabeceras departamentales de los tres departamentos con mayor prevalencia de embarazos forzados en ni\u00f1as menores de 14 a\u00f1os del pa\u00eds.<\/p>\n Para leer el informe completo puede ingresar a la p\u00e1gina oficial de www.hrw.org<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" POR HUMAN RIGHTS WATCH Los sucesivos gobiernos de Guatemala han incumplido con sus obligaciones hacia las ni\u00f1as que enfrentan embarazos precoces y forzados debido a la violencia sexual, se\u00f1al\u00f3 Human Rights Watch en la presentaci\u00f3n del informe \u201cObligadas a renunciar a sus sue\u00f1os: Violencia sexual contra ni\u00f1as en Guatemala\u201d. 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\nGuatemala no logra prevenir ni abordar la violencia sexual sist\u00e9mica, lo que da lugar a embarazos forzados entre ni\u00f1as menores de 14 a\u00f1os. Las ni\u00f1as que han sufrido violencia sexual a menudo son excluidas de la educaci\u00f3n, tienen dificultades para acceder a la atenci\u00f3n sanitaria y a la seguridad social y se enfrentan a enormes barreras en la b\u00fasqueda de justicia. Se necesitan urgentemente reformas integrales para prevenir mejor la violencia sexual, incluso contra las ni\u00f1as; garantizar el acceso pleno a la atenci\u00f3n de salud, la educaci\u00f3n y la seguridad social y brindar justicia, incluidas reparaciones adecuadas.<\/p>\n<\/a><\/a><\/a>