POR SAMUEL \u00c1LVAREZ MORALES<\/p>\n
Guatemala se enfrenta a uno de los momentos m\u00e1s determinantes de su historia democr\u00e1tica reciente. El a\u00f1o 2026 no ser\u00e1 un a\u00f1o electoral ordinario, ni un simple episodio m\u00e1s dentro del calendario pol\u00edtico nacional. Se trata de un punto de inflexi\u00f3n institucional, caracterizado por una concentraci\u00f3n in\u00e9dita de elecciones de segundo grado, cuyos resultados definir\u00e1n el rumbo del Estado, la vigencia del orden constitucional y el ejercicio efectivo de las libertades ciudadanas durante los pr\u00f3ximos a\u00f1os.<\/p>\n
La relevancia de este proceso se amplifica cuando se analiza a la luz del contexto pol\u00edtico, social e institucional que ha atravesado el pa\u00eds durante la \u00faltima d\u00e9cada. No se trata \u00fanicamente de elegir autoridades, sino de decidir qui\u00e9nes controlar\u00e1n los filtros del poder, qui\u00e9nes interpretar\u00e1n la Constituci\u00f3n, qui\u00e9nes organizar\u00e1n las elecciones y qui\u00e9nes decidir\u00e1n a qui\u00e9n se investiga y a qui\u00e9n no. En pocas palabras, est\u00e1 en juego la arquitectura misma de la democracia guatemalteca.<\/p>\n
Para comprender la magnitud de lo que ocurrir\u00e1 en 2026, es indispensable partir de una premisa b\u00e1sica: \u00bfqu\u00e9 son las elecciones de segundo grado?<\/p>\n
Se trata de elecciones indirectas, en las cuales la ciudadan\u00eda no elige directamente a la autoridad final, sino que elige a representantes o estos ya est\u00e1n designados por la ley, y son ellos quienes toman la decisi\u00f3n definitiva. En s\u00edntesis, \u201cel pueblo elige a quienes eligen\u201d.<\/p>\n
Este tipo de elecciones responde, en teor\u00eda, a la necesidad de incorporar criterios t\u00e9cnicos, meritocr\u00e1ticos y de equilibrio institucional en la designaci\u00f3n de altos funcionarios del Estado. Sin embargo, en contextos de debilidad institucional, estas elecciones se convierten en espacios privilegiados para la cooptaci\u00f3n, la negociaci\u00f3n opaca y la captura del poder.<\/p>\n
El origen de la complejidad actual: la crisis de 2015<\/strong><\/p>\n La complejidad del escenario pol\u00edtico actual no surge de manera espont\u00e1nea. Su origen inmediato puede rastrearse a la crisis democr\u00e1tica de 2015, durante el gobierno del Partido Patriota, un episodio que marc\u00f3 un antes y un despu\u00e9s en la historia pol\u00edtica del pa\u00eds. La ca\u00edda de un gobierno mediante protestas ciudadanas pac\u00edficas no solo evidenci\u00f3 la fuerza de la movilizaci\u00f3n social, sino que alter\u00f3 profundamente el equilibrio de poder de actores hist\u00f3ricamente influyentes, aunque poco visibles.<\/p>\n En ese contexto, sectores empresariales y pol\u00edticos se vieron obligados a reconocer p\u00fablicamente su interferencia il\u00edcita en la pol\u00edtica nacional. Aquella coyuntura forz\u00f3 un reacomodo de fuerzas, pero tambi\u00e9n provoc\u00f3 una mutaci\u00f3n estrat\u00e9gica: el poder dej\u00f3 de disputarse \u00fanicamente en el Ejecutivo o el Congreso y comenz\u00f3 a trasladarse hacia los espacios de control institucional, menos visibles, pero m\u00e1s decisivos. Durante el gobierno de VAMOS, esta l\u00f3gica se hizo evidente.<\/p>\n La estrategia fue clara: cooptar estructuras clave, sin importar el costo pol\u00edtico, jur\u00eddico o institucional. Elecciones que antes pasaban desapercibidas \u2014como las gremiales, acad\u00e9micas o universitarias\u2014 se transformaron en campos de batalla pol\u00edtica, con campa\u00f1as costosas, alta polarizaci\u00f3n y una atenci\u00f3n medi\u00e1tica in\u00e9dita.<\/p>\n La raz\u00f3n es simple: una parte sustancial del control administrativo y normativo del pa\u00eds pasa por los colegios profesionales, las facultades de Derecho y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Desde estos espacios se integran comisiones de postulaci\u00f3n, se filtran candidaturas y se condicionan decisiones que impactan directamente en la conformaci\u00f3n del sistema de justicia.<\/p>\n El inicio del ciclo<\/strong><\/p>\n Este ciclo democr\u00e1tico comenz\u00f3 formalmente en febrero de 2025 con la elecci\u00f3n de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). El CANG dej\u00f3 de ser hace tiempo un simple gremio profesional para convertirse en uno de los actores pol\u00edticos m\u00e1s influyentes del pa\u00eds.<\/p>\n En 2026, su papel es determinante: designa representantes ante las comisiones de postulaci\u00f3n del Tribunal Supremo Electoral y del Ministerio P\u00fablico, y adem\u00e1s elige directamente a un magistrado titular y un suplente de la Corte de Constitucionalidad, mediante votaci\u00f3n de sus agremiados. Esta elecci\u00f3n, programada para el pr\u00f3ximo 4 de febrero, es una de las primeras pruebas de fuego del a\u00f1o.<\/p>\n Paralelamente, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) atraviesa una crisis institucional significativa. Desde octubre de 2025, no ha logrado elegir a su presidente titular, incumpliendo lo establecido en la Ley del Organismo Judicial<\/p>\n El presidente de la CSJ integra y preside comisiones de postulaci\u00f3n fundamentales y, adem\u00e1s, la Corte debe designar a uno de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad antes del 14 de abril de 2026.<\/p>\n La falta de consensos abre la puerta a impugnaciones, amparos y cuestionamientos de legitimidad en procesos cruciales. Esta comisi\u00f3n debe presentar al Congreso una n\u00f3mina de 20 candidatos, de la cual se elegir\u00e1n cinco magistrados titulares y cinco suplentes, quienes asumir\u00e1n funciones el 19 de marzo de 2026.<\/p>\n La importancia de esta elecci\u00f3n se entiende mejor a la luz del legado de la magistratura saliente (2020\u20132026), marcada por una confrontaci\u00f3n abierta con el Ministerio P\u00fablico. Los intentos de anular los resultados electorales de 2023, las \u00f3rdenes de captura contra magistrados y el retiro de su inmunidad generaron una crisis de confianza sin precedentes.<\/p>\n Por ello, esta elecci\u00f3n no es un relevo administrativo, sino una batalla por la autonom\u00eda electoral y la credibilidad democr\u00e1tica.<\/p>\n La segunda gran elecci\u00f3n es la de la Corte de Constitucionalidad para el per\u00edodo 2026\u20132031. La CC es el m\u00e1ximo tribunal del pa\u00eds y el garante \u00faltimo del orden constitucional. Se integra por cinco magistrados titulares y cinco suplentes, designados por el poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la USAC y el CANG.<\/p>\n La importancia de esta elecci\u00f3n radica en que la CC tiene la potestad de anular decisiones de cualquier poder del Estado.<\/p>\n Una Corte independiente es sin\u00f3nimo de libertad; una Corte cooptada puede convertir la Constituci\u00f3n en un instrumento de impunidad y persecuci\u00f3n.<\/p>\n Quiz\u00e1 la elecci\u00f3n m\u00e1s trascendental sea la del Fiscal General y Jefe del Ministerio P\u00fablico. Esta figura concentra el monopolio de la persecuci\u00f3n penal y define, en la pr\u00e1ctica, qui\u00e9n enfrenta la justicia y qui\u00e9n goza de impunidad.<\/p>\n El proceso inici\u00f3 formalmente el 13 de enero de 2026, con la convocatoria a la comisi\u00f3n de postulaci\u00f3n. Tras la evaluaci\u00f3n de m\u00e9ritos y la fase de tachas ciudadanas, se integrar\u00e1 una n\u00f3mina de seis candidatos que ser\u00e1 enviada al Presidente de la Rep\u00fablica, quien elegir\u00e1 libremente a uno.<\/p>\n El contexto es particularmente delicado: la actual fiscal ha sido se\u00f1alada por diversos actores nacionales e internacionales de socavar la democracia y el Estado de derecho, acumulando sanciones de la Uni\u00f3n Europea y Estados Unidos. La elecci\u00f3n de su sucesor definir\u00e1 el rumbo de la justicia penal en Guatemala.<\/p>\n Finalmente, en 2026 se elegir\u00e1 al Contralor General de Cuentas, autoridad clave de cara a las elecciones generales de 2027. La CGC tiene la facultad de emitir el \u201cfiniquito\u201d, requisito indispensable para postularse a cargos de elecci\u00f3n popular. 2026 no es un a\u00f1o cualquiera para Guatemala. Es un a\u00f1o bisagra, en el que se definir\u00e1 si el pa\u00eds fortalece su democracia o profundiza su crisis institucional. Aunque las elecciones de segundo grado no permiten una participaci\u00f3n directa de la ciudadan\u00eda, la vigilancia, el escrutinio y la exigencia de transparencia son indispensables.<\/p>\n Como advirti\u00f3 Thomas Jefferson, \u201cel precio de la libertad es la eterna vigilancia\u201d. Hoy, en Guatemala, est\u00e1n en juego la Rep\u00fablica, la democracia y las libertades fundamentales. La historia juzgar\u00e1 lo que ocurra en este a\u00f1o decisivo.<\/p>\n Samuel \u00c1lvarez Morales. Analista pol\u00edtico, integrante de Visi\u00f3n Legislativa y fundador de Voluntarios por Xela.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" POR SAMUEL \u00c1LVAREZ MORALES Guatemala se enfrenta a uno de los momentos m\u00e1s determinantes de su historia democr\u00e1tica reciente. 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Desde entonces, fue un importante centro comercial y cultural para la regi\u00f3n. Sus primeros habitantes fueron los Mam, quienes la llamar\u00edan Kulaja; los Quich\u00e9s la conquistaron y la nombraron Xelajuj No\u2019j. 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\nLa primera gran elecci\u00f3n del a\u00f1o es la de los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), proceso a cargo del Congreso de la Rep\u00fablica. La comisi\u00f3n de postulaci\u00f3n correspondiente se integra por el rector de la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC), quien la preside; los decanos de las facultades de Derecho; los representantes del CANG; y el presidente de la CSJ.<\/p>\n
\nUn proceso de elecci\u00f3n opaco pondr\u00eda en riesgo la legitimidad del pr\u00f3ximo ciclo electoral. El nuevo Contralor, que asumir\u00e1 el 13 de octubre de 2026, auditar\u00e1 el \u00faltimo a\u00f1o del actual gobierno y validar\u00e1 la idoneidad de los futuros candidatos.<\/p>\n