Crimen De Estado: Primera Sentencia 

Carolina Escobar Sarti

Durante el gobierno de Jimmy Morales se cometió un crimen de Estado. Fue el 8 de marzo de 2017, cuando 56 niñas y adolescentes fueron colocadas, por horas, en un aula de 7 x 6.8 metros donde no había ni siquiera un baño. Después del desayuno que debieron consumir entre un nauseabundo olor a heces y orina que se filtraba por debajo de la puerta, ellas pidieron ir al baño y cubrirse por el frío. Sin embargo, la tensión aumentaba, y los “responsables” decidieron dejar el candado puesto en la puerta.

Varios testigos señalan que, en ese entonces, el presidente ordenó que los policías no se movieran del Hogar Seguro Virgen de la Asunción durante las horas de la noche del 7 de marzo y la mañana del 8 de marzo de 2017, incluso rompiendo la cadena de mando de la Policía Nacional Civil (PNC). Wilson López Maldonado, subcomisario de la policía, declaró, en su momento, que el incendio “se pudo prevenir” sin la intervención de Morales, según publicación de Agencia Ocote del 12 de agosto, de 2025. Otro testigo afirmó que fue Morales quien ordenó dejar a las adolescentes encerradas dentro del aula donde las quemaron. 

Según otro testimonio, fue entonces cuando, una adolescente encendió una colchoneta con un fósforo, convencida de que así les abrirían la puerta. Pero nadie lo hizo. Nadie. Ni la subinspectora de la policía apostada afuera, ahora sentenciada a 12 años de prisión, que dijo en ese momento: “que se quemen esas hijas de la gran puta”. Nueve minutos y muchos gritos de auxilio después, varias adolescentes ya habían muerto y otras resultaron gravemente heridas. Días después, murieron más hasta llegar a una cifra de horror: 41 vidas perdidas. Solo 15 sobrevivieron. A los bomberos se les permitió entrar 40 minutos después del inicio del incendio. 

Me hago la misma pregunta que se hizo una de las sobrevivientes en una de las audiencias: “¿Qué hubo en el corazón de estas personas para no escuchar el grito de ayuda, para no abrir la puerta cuando nosotros les estábamos pidiendo el auxilio?”. Y me pregunto también: ¿en qué sociedad de monstruos se incuban personas como Morales, que en su calidad de presidente ordena encerrar niñas y dejarlas quemarse; o cómo la policía no abrió la puerta mientras el olor a carne humana quemada salía del recinto mientras los gritos iban disminuyendo; o cómo no hubo nadie que rompiera un candado a la fuerza para tratar de salvarlas? ¿En qué sociedad se aplaude que mueran 41 niñas, como lo hicieron tantas personas en las redes luego del incendio? ¿En qué sociedad se abandona así a las niñas y adolescentes, mientras hoy sigue habiendo un promedio mínimo de 20 menores de entre 10 y 18 años que quedan embarazadas cada día? En esta sociedad, en la nuestra. 

La tragedia no comenzó el 7 de marzo, como algunos cuentan, cuando un grupo de adolescentes mujeres y hombres, intentaron abandonar ese lugar que se suponía era un refugio del Estado: el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Aquella noche, se subieron a los techos, gritaron y protestaron por múltiples motivos que ya habían sido denunciados públicamente en varias ocasiones, entre ellos torturas y violaciones. Horas después, con el apoyo de la Policía Nacional Civil, varias fueron obligadas a regresar al mismo lugar del que habían huido, un lugar que no era hogar, que no era seguro y que, ciertamente, no parecía merecer el nombre de una virgen. 

Fue entonces cuando pusieron a las adolescentes mujeres en el aula y a los adolescentes hombres en el auditorio. La tragedia comenzó en este país hace muchos siglos, cuando la exclusión se hizo norma y el pan nunca alcanzó para todos.

Derecho negado

En Guatemala, el derecho de admisión a una vida digna ha sido negado a la niñez, por generaciones, principalmente a las niñas. Existe una deuda histórica que aún no se ha saldado. Por eso, la pregunta jamás debería haber sido si se debe institucionalizar o no a las personas menores de 18 años. Si la sociedad entera (política y civil) protegiera a la niñez, este tema ni siquiera estaría en discusión. Aquí la mayoría de los niños y niñas no recibe protección en ninguna parte.

A las familias de las víctimas y a las sobrevivientes del incendio las criminalizaron, olvidaron o utilizaron los anteriores gobiernos. Además, se les regateó el pago de una pensión que no superaba un salario mínimo, como si ese dinero saliera de su propia bolsa, mientras se desarrollaba la danza de las caletas con millones de corrupción.

Como si nacer y vivir en Guatemala fuera un regalo, y no un acto de heroísmo cotidiano para millones de familias que, por generaciones, han vivido sin educación, en pobreza, sin justicia, sin vivienda, sin salud y expuestas a innumerables violencias.

Aquí se necesita un sistema de protección integral de niñez y adolescencia que funcione de manera orgánica; y esto solo será posible cuando la niñez esté en el centro de todas las agendas políticas del Estado, y no únicamente cuando se cree un instituto para la niñez en situación de protección especial.

El 12 de agosto, la jueza Ingrid Vanessa Cifuentes emitió la sentencia por este crimen de Estado para el primer grupo de siete ex funcionarios. Lo he dicho antes y lo confirmo: la sentencia jamás podrá ser equivalente al tamaño del crimen cometido aquel 8 de marzo, porque nada le devolverá la vida a ninguna de las 41 niñas. Sin embargo,  este lento y desgastante proceso judicial continúa para los siguientes grupos de exfuncionarios y ahora también incluye a Jimmy Morales y su entonces asesor, ya que la jueza Cifuentes ordenó al Ministerio Público (MP) investigarlos para determinar su posible participación en los hechos.

Mi reconocimiento a la jueza, que desarrolló más de 120 audiencias en el juicio, y a las organizaciones sociales que han acompañado a las sobrevivientes y a las familias de las víctimas. La paciencia, la persistencia y la calidad argumentativa fueron fundamentales en cada audiencia.

Una de las consignas de varios 8 de marzo ha sido: “No quiero sentirme valiente cuando salga a la calle, quiero sentirme libre”. Eso es lo que deseo para cada niña y adolescente de Guatemala: que nuestras acciones, nuestras voces y nuestra unidad contribuyan a generar espacios de libertad para las sobrevivientes de todos los fuegos, así como para las familias de las que ya no están. Que la justicia y la verdad sigan hablando.

Los sentenciados

Carlos Rodas, extitular de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), y Santos Torres, exdirector del Hogar, fueron condenados a 25 años de prisión, de los cuales 20 son inconmutables.

Brenda Chamán, exjefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato del Hogar Seguro, fue sentenciada a 17 años; 12 de ellos inconmutables. Gloria Castro, exfuncionaria de la oficina del Procurador de Derechos Humanos, recibió una condena de 6 años de prisión inconmutables.

La exsubinspectora de la PNC Lucinda Marroquín, fue condenada a 13 años inconmutables mientras que Luis Broja, exsubcomisario de la PNC, recibió 11 años, de de los cuales 6 son inconmutables.

Harold Flores, exprocurador de la niñez de la Procuraduría General de la Nación, fue absuelto de los cuatro delitos que le sindicaban. 

Como medida de reparación digna la juez ordenó al presidente de la República, Bernardo Arévalo, dar una disculpa pública en un acto público y acompañado por autoridades de la SBS y altos mandos de la PNC. En esta disculpa el Estado debe reconocer su responsabilidad y el sufrimiento causado a las víctimas y a sus familias. 

Carolina Escobar Sarti es escritora, columnista de prensa, investigadora social, Directora Nacional de Asociación La Alianza, organización que trabaja con niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual y trata de personas. Doctora en Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca. La revista Forbes la incluyó entre las 100 mujeres más poderosas de Latinoamérica en los años 2019, 2020 y 2021. cescobarsarti@gmail.com