La urgencia de comprender la historia y sus lecciones

POR JUAN JOSÉ HURTADO PAZ

En los últimos meses se escuchan voces que defienden la intervención imperialista yanqui contra Venezuela con el argumento aparentemente simple y moralizante: había una dictadura y debía ser removida. Bajo esta narrativa, la intervención externa se presenta como una acción necesaria, casi humanitaria, destinada a restaurar la democracia y el orden.

La historia nos demuestra que es todo lo contrario. Los pueblos que han padecido el colonialismo y el imperialismo han sufrido consecuencias devastadoras de largo plazo en todos los campos.

Además, no se reconoce debidamente lo riesgoso que resulta, pues se sienta un precedente sumamente grave: que las potencias imperiales pueden hacer uso de la fuerza cuando así lo dispongan, pasando por encima del Derecho Internacional e incluso de sus propias legislaciones, como ha hecho el actual presidente de los Estados Unidos. Esta manera de proceder abre la posibilidad de que la agresión externa se repita prácticamente contra cualquier país que se salga de los lineamientos definidos por el imperio.

Justificaciones como la señalada arriba no solo banalizan la violencia estructural que acompaña a los proyectos imperialistas, sino que reflejan un profundo desconocimiento histórico. Más grave aún, desplazan la responsabilidad de procesos largos de despojo, dependencia y desigualdad, culpando exclusivamente a actores políticos actuales y borrando las herencias coloniales y el imperialismo actual que condicionan las realidades presentes.

El colonialismo, en sus diversas formas, no es algo solo del pasado sino una estructura persistente de dominación. Desde la invasión europea de América hasta las formas contemporáneas de intervención política, económica, cultural, religiosa y militar, el rasgo común ha sido la subordinación de los pueblos a intereses externos. Lejos de promover la paz, la democracia o el desarrollo, los proyectos coloniales e imperialistas han buscado sistemáticamente la extracción de recursos, el control geopolítico y la imposición de modelos económicos y políticos funcionales a las metrópolis.

Lecciones

El discurso civilizatorio —ayer en nombre de la fe y el progreso, hoy en nombre de la democracia y los derechos humanos— ha servido como coartada para justificar invasiones, golpes de Estado, bloqueos económicos y guerras. La historia demuestra que estos procesos no generan sociedades más libres ni más justas, sino Estados frágiles, economías dependientes y sociedades profundamente fracturadas.

Por ejemplo, si quisiéramos explicarnos por qué Guatemala está como está, es indispensable remontarnos a la invasión española de 1524. Ello implicó el despojo sistemático de los pueblos originarios de sus territorios, su sometimiento político, económico y cultural, y la imposición de un orden social profundamente jerárquico, racista y clasista. De ese proceso surgió un racismo estructural que dividió a la sociedad entre indígenas y ladinos, negando humanidad, derechos y ciudadanía plena a la mayoría de la población.

Asimismo, se configuró un modelo económico extractivo que convirtió al país en productor de materias primas para beneficio externo, sentando las bases de una dependencia económica que, con distintas formas y actores, se ha reproducido hasta nuestros días.

Esta experiencia no es exclusiva de Guatemala. Es una historia compartida por los pueblos de América Latina, así como por amplias regiones de África y Asia, sometidas durante siglos a proyectos coloniales e imperialistas.

En todos los casos, el patrón se repite: invasión, despojo, imposición de élites locales subordinadas y economías orientadas al saqueo de recursos en beneficio de la metrópoli. El imperialismo, independientemente del discurso que lo acompañe, no ha significado desarrollo autónomo ni bienestar para los pueblos sometidos, sino explotación, dependencia y profundas desigualdades estructurales que persisten hasta el presente.

Más recientemente, Guatemala ofrece un ejemplo paradigmático de cómo la intervención imperialista truncó un proceso democrático y abrió el camino a décadas de violencia y sufrimiento. Tras la Revolución de Octubre de 1944, el país inició un ciclo de reformas profundas orientadas a la democratización del Estado, la ampliación de derechos y la superación de las estructuras que sólo favorecían a la oligarquía terrateniente y a grandes empresas norteamericanas. Los gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo Árbenz representaron un intento legítimo y soberano de construir un modelo de desarrollo propio, con justicia social y autonomía.

Juan Hurtado, persona comprometida con los esfuerzos por una vida digna para todas y todos, como individuos y como pueblos