Los desplazados de Las Brisas, una comunidad sin territorio
POR MARÍA JOSÉ LONGO BAUTISTA
Desde hace más de 90 años, en el Occidente de Guatemala hay dos municipios del departamento de San Marcos en guerra: Ixchiguán y Tajumulco. La historia inició en 1933, cuando Ixchiguán, que pertenecía a Tajumulco, decidió independizarse. Pero los límites territoriales no quedaron definidos. Entre los pobladores comenzó la pelea. Reclamaban terrenos y fuentes de agua. A la guerra por el territorio, se sumaron dos elementos: la militarización y, luego, la llegada de carteles del narcotráfico. Ambos estaban vinculados con un producto: la amapola.
Desde hace 40 años, la siembra de amapola se convirtió en una forma de subsistencia en San Marcos. Comenzó en Tajumulco y pronto se contagió a Ixchiguán. Cuando la amapola era popular en estos territorios, la venta atrajo a carteles.
Tajumulco le vendía su producción al Cártel Jalisco Nueva Generación e Ixchiguán lo hizo al de Sinaloa. La venta de amapola y la presencia de los cárteles facilitó el acceso a armas de fuego para los pobladores involucrados en la guerra del territorio. También les llegaron a través de miembros de la guerrilla y del Ejército de Guatemala, luego de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996.
El área con el conflicto más álgido está en cuatro comunidades: Tuichán, Villa Nueva en Ixchiguán y Villa Real en Tajumulco. Y en el epicentro de la zona caliente, hay una aldea: Las Brisas.
La historia de Las Brisas
Históricamente las Brisas pertenecía a Ixchiguán. Pero, después de que el municipio se independizó y cuando los pobladores revisaron los documentos de sus propiedades, descubrieron que las tierras eran parte de Tajumulco.
Tajumulco ofreció declararlos legalmente como aldea. Aceptaron, y cambiaron de municipio. Pero no terminaron de establecer los límites territoriales.
Esto provocó que las amenazas y agresiones —que los pobladores llevaban años recibiendo para dejar la aldea— aumentaran. Ahora, los vecinos de Ixchiguán los veían como traidores. Reunidos en el patio de la casa donde se refugió el alcalde comunitario, en una aldea de la cabecera departamental de San Marcos, un grupo de vecinos recuerda que, en diciembre de 2021, llegaron hombres armados con pasamontañas para advertirles que no podían quedarse más.Tenían que irse.
Horas después cumplieron la amenaza. En la noche, los vecinos escucharon disparos. Salieron sin sus pertenencias, algunos en carro, otros caminando. Al rato escucharon que destruían sus hogares. Miraron hacia atrás y solo vieron humo. Las 72 familias que conformaban la comunidad huyeron de la aldea esa noche. Se dispersaron por otros territorios.
Algunos se fueron a donde familiares o amigos. Otros alquilaron casas o migraron a Estados Unidos. Se quedaron sin hogar y sin tierras para cultivar. No hay certeza sobre quiénes fueron las personas que expulsaron a los pobladores de Las Brisas de su territorio. Los afectados, los desplazados, culpan a las personas de Ixchiguán. Adolfo López, alcalde auxiliar de Las Brisas, explica que su tragedia no tiene relación con la amapola. Dice que sus vecinos nunca sembraron ni se involucraron con violencia en el conflicto, pero la violencia los alcanzó y los desalojó. Pero, en junio de 2022 y marzo de 2023, la PNC informó sobre acciones de erradicación de amapola en este lugar. Los vecinos no saben qué pasó, pues ya no estaban en su comunidad. Reiteran que nunca sembraron amapola, sólo avena, maíz, papa, haba y trigo.
«Estamos acabados, no tenemos un sueldo, toda la gente está sin casa, no tienen sus terrenos, no tienen siembra. No hay dinero. No tenemos cómo vivir. Estamos como refugiados en donde podemos», dice López. Dos años después de la noche violenta, la comunidad sigue sin obtener una respuesta de las autoridades. Los niños dejaron de estudiar en 2020 y 2021 por la pandemia y en 2022 porque no tenían un lugar para hacerlo. En 2023 regresaron a clases en un espacio improvisado que está en la comunidad a donde se desplazaron la mayoría de las familias.
En la pequeña aula de lámina, una covacha construida por los padres de familia en un lugar de diez por seis metros no sobra espacio, sobran escritorios. Los niños están migrando.
Cuando la escuela empezó a funcionar, había 25 alumnos. En agosto ya solo quedaban 17. Entre abril y junio, ocho de ellos migraron con sus madres a Estados Unidos. «Ya llegaron», cuentan los vecinos. Ofelia Juárez recuerda la noche en que tuvo que escapar junto a sus dos hijos y su esposo. Ahora rentan una casa, sus hijos duermen en el piso, sobre cartones. Ella ofrece lavar la ropa a sus vecinos a cambio de dinero o tortillas para su familia. Su esposo trabaja como agricultor. Para ambos es muy difícil juntar los Q500 del alquiler.
Ella quiere que alguna institución del Gobierno de Guatemala solucione su problema, que delimite el territorio. Al igual que sus hijos, extraña su casa, echa de menos que sus hijos duerman en una cama. Periodistas de la Agencia Ocote visitaron Las Brisas, pero pudieron recorrer muy poco del lugar. Cuando los periodistas estaban en una de las casas destruidas, llegaron cinco hombres. Cuatro con machete, uno además llevaba una resortera y otro un arma de fuego.
Luego de un interrogatorio, ordenaron al equipo de periodistas que se retiraran. Advirtieron que de lo contrario se juntaría una multitud y «les iría muy mal». Uno de ellos tenía el rostro tapado con una mascarilla y guantes negros.
Policías de la subestación temporal que funciona en la aldea por los conflictos registrados, incluidos agentes de las fuerzas especiales, llegaron para intervenir la situación. Los policías estaban asustados. Contaron que, si las personas que tienen el control del lugar disparan, los agentes no pueden hacer nada, tienen mejores armas que ellos.
Recomendaron salir a una comunidad cercana. Desde las montañas, dijeron, observaban a más hombres armados.
Accionan, pero no solucionan.
Desde que Las Brisas es una zona de guerra por el territorio, en Guatemala han pasado más de 20 gobiernos. Todos han culminado su periodo sin lograr una solución. Las acciones se limitan a mesas de diálogo donde no se llega a nada. La única medida ha sido enviar a la Policía Nacional Civil —que no siempre tiene los recursos para responder a los ataques armados— o enviar al Ejército, para militarizar el lugar y hacer que por un tiempo cesen los disparos.
La presencia del Ejército tampoco es una garantía. En marzo de 2023, durante uno de los enfrentamientos armados entre Ixchiguán y Tajumulco, murió el coronel Amílcar Nicolás Bautista Fuentes.
Los disparos también han provocado la muerte de personas ajenas a comunidades que pasan por el lugar.
Ocote consultó al Ministerio de Gobernación (en 2023) sobre las acciones que se han tomado para solucionar el conflicto. Por escrito, el ministerio respondió que, entre 2014 y 2022, se han decretado tres estados de sitio, se habilitó una sede provisional de Policía y se ha dado seguridad y resguardo por la Policía y el Ejército. Hasta ahora, siguen sin establecerse límites territoriales.
Entre cortes y denuncias en Las Brisas
Paralelo a la guerra violenta con armas de fuego, en Las Brisas hay una guerra legal. Una montaña de denuncias entre las comunidades y de procesos legales en los que, aunque haya una resolución, esta no siempre se respeta.
Las vecinas y vecinos de Las Brisas muestran y se aferran a los documentos sobre la resolución de la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de San Marcos, que en 2022 otorgó un amparo a la aldea. Esta resolución ordena a la Gobernación Departamental de San Marcos que garantice la seguridad de la población y que cumpla con el deber del Estado en garantizar a los habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo.
La aldea tiene los documentos, tienen la resolución, pero no han logrado que se haga realidad lo que dicen los papeles. Las personas no tienen paz, no tienen seguridad, no tienen libertad y, mucho menos, desarrollo.
El conflicto ha llegado hasta las cortes internacionales. En 2022, las aldeas de Ixchiguán, Tuichán y Villa Nueva presentaron el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde aún está en trámite.
A pesar de los estados de sitio, de los litigios y de las resoluciones, la paz entre Ixchiguán y Tajumulco sigue siendo una deuda del Estado de Guatemala con los pobladores. Mientras la guerra sigue, las personas de Las Brisas tienen la esperanza de regresar algún día a sus tierras.
Este reportaje fue producido por Agencia Ocote, con la beca del Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas de la Fundación Gabo en alianza con la Open Society Foundations (OSF).
