2026: explicación de las elecciones de segundo grado en Guatemala

POR SAMUEL ÁLVAREZ MORALES

Guatemala se enfrenta a uno de los momentos más determinantes de su historia democrática reciente. El año 2026 no será un año electoral ordinario, ni un simple episodio más dentro del calendario político nacional. Se trata de un punto de inflexión institucional, caracterizado por una concentración inédita de elecciones de segundo grado, cuyos resultados definirán el rumbo del Estado, la vigencia del orden constitucional y el ejercicio efectivo de las libertades ciudadanas durante los próximos años.

La relevancia de este proceso se amplifica cuando se analiza a la luz del contexto político, social e institucional que ha atravesado el país durante la última década. No se trata únicamente de elegir autoridades, sino de decidir quiénes controlarán los filtros del poder, quiénes interpretarán la Constitución, quiénes organizarán las elecciones y quiénes decidirán a quién se investiga y a quién no. En pocas palabras, está en juego la arquitectura misma de la democracia guatemalteca.

Para comprender la magnitud de lo que ocurrirá en 2026, es indispensable partir de una premisa básica: ¿qué son las elecciones de segundo grado?

Se trata de elecciones indirectas, en las cuales la ciudadanía no elige directamente a la autoridad final, sino que elige a representantes o estos ya están designados por la ley, y son ellos quienes toman la decisión definitiva. En síntesis, “el pueblo elige a quienes eligen”.

Este tipo de elecciones responde, en teoría, a la necesidad de incorporar criterios técnicos, meritocráticos y de equilibrio institucional en la designación de altos funcionarios del Estado. Sin embargo, en contextos de debilidad institucional, estas elecciones se convierten en espacios privilegiados para la cooptación, la negociación opaca y la captura del poder.

El origen de la complejidad actual: la crisis de 2015

La complejidad del escenario político actual no surge de manera espontánea. Su origen inmediato puede rastrearse a la crisis democrática de 2015, durante el gobierno del Partido Patriota, un episodio que marcó un antes y un después en la historia política del país. La caída de un gobierno mediante protestas ciudadanas pacíficas no solo evidenció la fuerza de la movilización social, sino que alteró profundamente el equilibrio de poder de actores históricamente influyentes, aunque poco visibles.

En ese contexto, sectores empresariales y políticos se vieron obligados a reconocer públicamente su interferencia ilícita en la política nacional. Aquella coyuntura forzó un reacomodo de fuerzas, pero también provocó una mutación estratégica: el poder dejó de disputarse únicamente en el Ejecutivo o el Congreso y comenzó a trasladarse hacia los espacios de control institucional, menos visibles, pero más decisivos. Durante el gobierno de VAMOS, esta lógica se hizo evidente.

La estrategia fue clara: cooptar estructuras clave, sin importar el costo político, jurídico o institucional. Elecciones que antes pasaban desapercibidas —como las gremiales, académicas o universitarias— se transformaron en campos de batalla política, con campañas costosas, alta polarización y una atención mediática inédita.

La razón es simple: una parte sustancial del control administrativo y normativo del país pasa por los colegios profesionales, las facultades de Derecho y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Desde estos espacios se integran comisiones de postulación, se filtran candidaturas y se condicionan decisiones que impactan directamente en la conformación del sistema de justicia.

El inicio del ciclo

Este ciclo democrático comenzó formalmente en febrero de 2025 con la elección de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). El CANG dejó de ser hace tiempo un simple gremio profesional para convertirse en uno de los actores políticos más influyentes del país.

En 2026, su papel es determinante: designa representantes ante las comisiones de postulación del Tribunal Supremo Electoral y del Ministerio Público, y además elige directamente a un magistrado titular y un suplente de la Corte de Constitucionalidad, mediante votación de sus agremiados. Esta elección, programada para el próximo 4 de febrero, es una de las primeras pruebas de fuego del año.

Paralelamente, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) atraviesa una crisis institucional significativa. Desde octubre de 2025, no ha logrado elegir a su presidente titular, incumpliendo lo establecido en la Ley del Organismo Judicial

El presidente de la CSJ integra y preside comisiones de postulación fundamentales y, además, la Corte debe designar a uno de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad antes del 14 de abril de 2026.

La falta de consensos abre la puerta a impugnaciones, amparos y cuestionamientos de legitimidad en procesos cruciales.
La primera gran elección del año es la de los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), proceso a cargo del Congreso de la República. La comisión de postulación correspondiente se integra por el rector de la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC), quien la preside; los decanos de las facultades de Derecho; los representantes del CANG; y el presidente de la CSJ.

Esta comisión debe presentar al Congreso una nómina de 20 candidatos, de la cual se elegirán cinco magistrados titulares y cinco suplentes, quienes asumirán funciones el 19 de marzo de 2026.

La importancia de esta elección se entiende mejor a la luz del legado de la magistratura saliente (2020–2026), marcada por una confrontación abierta con el Ministerio Público. Los intentos de anular los resultados electorales de 2023, las órdenes de captura contra magistrados y el retiro de su inmunidad generaron una crisis de confianza sin precedentes.

Por ello, esta elección no es un relevo administrativo, sino una batalla por la autonomía electoral y la credibilidad democrática.

La segunda gran elección es la de la Corte de Constitucionalidad para el período 2026–2031. La CC es el máximo tribunal del país y el garante último del orden constitucional. Se integra por cinco magistrados titulares y cinco suplentes, designados por el poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la USAC y el CANG.

La importancia de esta elección radica en que la CC tiene la potestad de anular decisiones de cualquier poder del Estado.

Una Corte independiente es sinónimo de libertad; una Corte cooptada puede convertir la Constitución en un instrumento de impunidad y persecución.

Quizá la elección más trascendental sea la del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. Esta figura concentra el monopolio de la persecución penal y define, en la práctica, quién enfrenta la justicia y quién goza de impunidad.

El proceso inició formalmente el 13 de enero de 2026, con la convocatoria a la comisión de postulación. Tras la evaluación de méritos y la fase de tachas ciudadanas, se integrará una nómina de seis candidatos que será enviada al Presidente de la República, quien elegirá libremente a uno.

El contexto es particularmente delicado: la actual fiscal ha sido señalada por diversos actores nacionales e internacionales de socavar la democracia y el Estado de derecho, acumulando sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos. La elección de su sucesor definirá el rumbo de la justicia penal en Guatemala.

Finalmente, en 2026 se elegirá al Contralor General de Cuentas, autoridad clave de cara a las elecciones generales de 2027. La CGC tiene la facultad de emitir el “finiquito”, requisito indispensable para postularse a cargos de elección popular.
Un proceso de elección opaco pondría en riesgo la legitimidad del próximo ciclo electoral. El nuevo Contralor, que asumirá el 13 de octubre de 2026, auditará el último año del actual gobierno y validará la idoneidad de los futuros candidatos.

2026 no es un año cualquiera para Guatemala. Es un año bisagra, en el que se definirá si el país fortalece su democracia o profundiza su crisis institucional. Aunque las elecciones de segundo grado no permiten una participación directa de la ciudadanía, la vigilancia, el escrutinio y la exigencia de transparencia son indispensables.

Como advirtió Thomas Jefferson, “el precio de la libertad es la eterna vigilancia”. Hoy, en Guatemala, están en juego la República, la democracia y las libertades fundamentales. La historia juzgará lo que ocurra en este año decisivo.

Samuel Álvarez Morales. Analista político, integrante de Visión Legislativa y fundador de Voluntarios por Xela.