Informe revela que 9 de cada 10 estudiantes universitarias en Guatemala han vivido algún tipo de acoso sexual
POR EMMA GÓMEZ
El acoso sexual y el acoso callejero son formas de violencia que muchas mujeres viven desde edades tempranas y que continúan a lo largo de su vida. En Guatemala, estas violencias afectan de manera especial a mujeres jóvenes que estudian en la universidad, tanto dentro de los campus universitarios como en las calles, el transporte público y otros espacios que deberían ser seguros.
El informe Efectos psicoemocionales del acoso sexual y callejero en la vida de mujeres estudiantes universitarias, elaborado en 2025 por el Observatorio contra el Acoso Callejero Guatemala (OCACGT), muestra cómo estas experiencias dañan la salud emocional, física y mental de las mujeres, y también limitan su derecho a estudiar, a sentirse seguras y a vivir sin miedo.
El estudio parte de una idea clave: el acoso no es algo “normal”, ni un “piropo”, ni una exageración. Es una forma de violencia de género que afecta la dignidad, la libertad y el bienestar de las mujeres. Según datos del OCACGT, casi 9 de cada 10 estudiantes universitarias en Guatemala han vivido algún tipo de acoso sexual. Esto demuestra que no se trata de casos aislados, sino de un problema estructural que está presente en la sociedad y también en las universidades.
La investigación se realizó desde un enfoque feminista e interseccional, escuchando directamente las voces de mujeres estudiantes y de profesionales que acompañan a víctimas de violencia. A través de entrevistas y encuestas, las participantes compartieron cómo el acoso ha impactado sus emociones, su cuerpo, sus relaciones, su vida familiar y su camino educativo. Este enfoque permite entender que cada experiencia es distinta, pero que todas están atravesadas por desigualdades de género, edad, clase social y acceso a recursos.
Resultados
Uno de los principales hallazgos del informe es que el acoso sexual y callejero genera efectos emocionales profundos y duraderos. Muchas mujeres viven con miedo constante, ansiedad, enojo, tristeza, vergüenza o culpa, aunque no hayan hecho nada malo. También se menciona la hipervigilancia, que es estar siempre alerta, mirando alrededor, cuidando cómo vestirse, por dónde caminar o a qué hora salir. Vivir así cansa, desgasta y afecta la salud mental.
En la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), según datos del mapeo de acoso callejero realizado en esta institución por el Observatorio de Acoso Callejero, se evidencia que el 41% de las personas agresoras son desconocidas, el 30% son docentes y el 22% corresponde a estudiantes.
Estos efectos emocionales también se reflejan en el cuerpo. Las mujeres entrevistadas hablaron de insomnio, dolores de cabeza, problemas estomacales, tensión muscular, ataques de pánico y cansancio extremo. El estrés constante debilita el sistema nervioso y el cuerpo empieza a expresar lo que no se ha podido sanar emocionalmente. Muchas veces, estos malestares no reciben atención médica ni psicológica adecuada, sobre todo en contextos rurales o con pocos recursos.
En la universidad, el acoso tiene consecuencias graves. Muchas estudiantes tienen dificultades para concentrarse, faltan a clases, evitan ciertos lugares o dejan de participar por miedo a encontrarse con su agresor. En algunos casos, el acoso viene de personas con poder, como docentes o autoridades, lo que genera aún más miedo a denunciar. Las estudiantes temen represalias, burlas o que no les crean, por lo que muchas prefieren callar.
De acuerdo con la investigación realizada por Red Interuniversitaria Seguras y Educadas (RISE, 2022), en las instituciones de educación superior privadas solamente 34 víctimas formalizaron su denuncia y apenas 5 de ellas obtuvieron resolución alguna. Las autoridades minimizan los hechos al tratarlos como casos aislados y no como prácticas recurrentes entre la comunidad educativa, principalmente la ejercida por los docentes. Retrasan y desestiman las denuncias, aplicando un enfoque formalista que ignora la desigualdad de género y las relaciones de poder, dejando a las estudiantes sin apoyo y sin sanción para las personas agresoras.
El informe muestra que algunas mujeres llegan a cambiar de carrera, de universidad o incluso a abandonar sus estudios. Esto no ocurre porque no sean capaces, sino porque estudiar en un ambiente violento afecta su bienestar y sus sueños.
El derecho a la educación se ve limitado cuando las universidades no garantizan espacios seguros y libres de violencia. Las estudiantes muchas veces no saben a dónde acudir, y cuando denuncian, pueden ser revictimizadas o ignoradas. Esta falta de apoyo refuerza la idea de que denunciar “no sirve de nada” y protege a las personas agresoras.
El acceso a atención psicológica y terapéutica también es muy limitado. Para muchas mujeres, recibir apoyo emocional depende del dinero, de vivir en la ciudad o de conocer a alguien que pueda ayudar. En comunidades rurales, estas barreras son aún mayores. Por eso, muchas estudiantes encuentran apoyo principalmente en sus amistades, compañeras o colectivos, que se convierten en espacios de escucha, cuidado y resistencia.
Tomar acciones
Estas redes de apoyo son muy valiosas, porque ayudan a sanar y a no sentirse solas. A través de la sororidad, muchas mujeres transforman el dolor en fuerza colectiva, cuidándose entre ellas y alertando a otras para que no pasen por lo mismo. Sin embargo, el informe deja claro que estas redes no deberían reemplazar la responsabilidad del Estado y de las instituciones educativas.
El estudio también reconoce que no todas las mujeres viven el acoso de la misma forma. Las experiencias cambian según la edad, el origen étnico, la situación económica, el lugar donde se vive o el momento de la vida. Las mujeres indígenas, las estudiantes de primeros años o quienes viven en condiciones de mayor pobreza suelen enfrentar más dificultades para denunciar y acceder a apoyo, lo que aumenta su vulnerabilidad.
El informe concluye que el acoso sexual y callejero es una forma de violencia que afecta no solo a las personas, sino a toda la comunidad. Limita el derecho a la educación, a la salud y a una vida libre de violencia. Por eso, la solución no puede ser individual. Como señalan las especialistas, si la violencia se produce en la sociedad, la sanación también debe ser colectiva.
Finalmente, el estudio recomienda que las universidades y el Estado implementen protocolos claros y accesibles contra el acoso, brinden atención psicológica gratuita y especializada, fortalezcan las redes de apoyo estudiantil y promuevan la educación en derechos humanos y género. Garantizar espacios seguros. El documento está publicado en la página web de Centros de Estudios Feministas y de OCACGT.
