Análisis CIIDH: conocer la situación sobre la defensa y promoción de los derechos humanos el Guatemala
Por Emma Gómez
Por décadas, el país ha sido lastimado por múltiples problemas sociales, políticos y económicos. Es difícil creer que la situación cada año se agrava más. Como ciudadanos no damos crédito a todas las injusticias que nos aquejan.
En cada gobierno se tiene una leve esperanza de que la situación podría cambiar o mejorar, pero no empeorar. Cada vez salen nuevos estudios e investigaciones que ponen en evidencia la situación precaria de cientos de guatemaltecos. Existe una deuda pendiente en educación, salud, justicia, acceso a la vivienda, libertad de expresión y otros derechos que están establecidos en la Constitución Política de la República.
Las múltiples denuncias y las exigencias de estos derechos tendrán algún día eco, pero solo la historia nos lo dirá.
Criminalización
Por si fuera poco, la situación de derechos humanos en el país, todavía se agrava con la criminalización de personas que promueven la democracia y denuncian actos de corrupción. En un informe del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) se revela que desde 2020 a inicios de enero de 2024, fueron evidentes las acciones de criminalización y persecución de defensores de derechos humanos, en particular en contra de los operadores de justicia involucrados en la lucha contra la corrupción. Lo cual permitió la consolidación del Estado autoritario, la captura institucional por parte de poderes fácticos con una evidente agenda alejada de la lucha contra la corrupción y la impunidad.
El informe Criminalización de ex operadores de justicia en Guatemala: Un análisis de casos y su relación con la Justicia Abierta señala que la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos (DDH) ha sido el tipo de ataque más frecuente en Guatemala durante los últimos siete años. Esta práctica se dirigió inicialmente contra líderes y lideresas indígenas que defendían la tierra y el territorio. La demanda de derechos ha sido sistemáticamente perseguida debido a la complicidad entre empresas (tanto nacionales como internacionales) y actores públicos, principalmente el Ministerio Público y el Organismo Judicial.
Además, señala que el Ministerio Público sigue ejecutando las acciones de persecución, lo cual es un riesgo latente contra las y los defensores de derechos humanos, así como contra la democracia.
El informe enfatiza que la persecución se ha dirigido a una diversidad de actores, incluyendo abogados, estudiantes, periodistas, defensores de derechos humanos, exfuncionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), exfiscales, exjueces, exmagistrados de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema de Justicia, el ex Procurador de los Derechos Humanos, trabajadores del Tribunal Supremo Electoral, así como defensores de la tierra y de los recursos naturales.
Datos del informe
El documento también cita una publicación de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA), la cual evidencia una fuerte tendencia al alza de los ataques contra personas defensoras de derechos humanos (DDH) incluyendo aquellos perpetrados a través de las redes sociales.
Esto refleja, un contexto de fuerte represión, violencia política y amenazas, particularmente durante el periodo electoral de 2023.
Durante 2020 hubo un total de 1055 ataques a DDH, de los cuales 349 afectaron a mujeres, 559 a hombres y 147 a organizaciones de sociedad civil. Durante 2021, hubo una leve disminución, con un total de 1002 ataques a DDH, de los cuales 348 se refirieron a mujeres, 533 a hombres y 121 a organizaciones de sociedad civil. Durante 2022 los ataques a DDH sufrieron un incremento, ya que se reporta un total de 3574 ataques a DDH, 1149 de ellos dirigidos a mujeres, 2267 a hombres y 158 a organizaciones de sociedad civil.
Mientras que durante 2023 nuevamente los ataques reportan un incremento importante, ya que hubo un total de 8680 casos, de los cuales 2520 fueron dirigidos a mujeres, 5370 a hombres, y de estas personas, 816 son de la diversidad sexual. Además, 790 organizaciones de sociedad civil fueron atacadas durante el año.
El incremento continuó en 2023, registrándose un total de 9,496 ataques. Este aumento no puede explicarse únicamente por el cambio de metodología implementado entre 2021 y 2022, que incluyó el registro de ataques perpetrados a través de redes sociales.
La situación social, política, económica y de derechos humanos de Guatemala ha influido de manera significativa en el aumento de los ataques, reflejando el deterioro general del país, especialmente en lo que respecta a las personas defensoras de derechos humanos. Tal como se analizó en el contexto de esta investigación, el contexto electoral tuvo un impacto particular en el incremento de los ataques documentados, según lo señala UDEFEGUA.
Así pues, lo que comenzó en territorios alejados de la capital se convirtió en un patrón de persecución que alcanzó también a periodistas y comunicadoras/es comunitarios, y en los últimos años, a quienes investigan presuntos casos de corrupción vinculados a altos funcionarios de los tres gobiernos más recientes. El objetivo, sin lugar a dudas, ha sido silenciar la defensa de los derechos humanos, así como la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Entre las recomendaciones, se señala que la Justicia Abierta puede entenderse como un paradigma emergente de gestión pública, alineado con un modelo democrático que busca construir un sistema de administración de justicia más accesible, receptivo e inclusivo para la ciudadanía. Este enfoque incorpora, además, una serie de principios fundamentales que contribuirían al fortalecimiento de la democracia.
Además, es necesario avanzar en las reformas del sistema de justicia, poniendo en el centro a las personas. Es decir, impulsar reformas que incorporen o institucionalicen mecanismos con enfoques participativos e inclusivos en el diseño de políticas y servicios de justicia, con el fin de garantizar que todos tengan acceso adecuado a los servicios jurídicos para todas y todos.
