Deportación, desinformación y desafío: El impacto global de la agenda migratoria de Trump

POR PATRICIA SCHWARTZ

Unas 60 personas se sientan en un círculo de sillas plegables un jueves por la noche en Tucson, Arizona, una ciudad estadounidense a una hora de la frontera con México. La reunión semanal de la Coalición de Derechos Humanos se lleva a cabo en gran parte, en español y se anota la diversidad de asistentes. Activistas veteranos, abogados, grupos religiosos, maestros, estudiantes, jornaleros, familias con niños y muchas caras nuevas están aquí para hacer lo que puedan para proteger a su comunidad en un momento político que se siente violento y abrumador.

Este grupo y muchos otros se han organizado durante meses en respuesta al regreso de la administración presidencial de Donald Trump al poder y para muchos, por décadas en defensa de los derechos de los migrantes. Tucson fue el punto de partida de uno de los primeros aviones militares que deportaron a los migrantes guatemaltecos bajo el mandato de Trump este año. En esta ciudad multicultural, las redes de organización están respondiendo a redadas de Inmigración y Aduanas (ICE) en lugares de trabajo y escuelas. Están recibiendo noticias de solicitantes de asilo (entre los casi 5 millones que hay en el sistema estadounidense) que han visto canceladas abruptamente sus esperadas citas en las primeras horas del nuevo régimen. Esto es lo que sabíamos hasta febrero.

Medidas de represión

Después de asumir el cargo el 20 de enero, Trump firmó rápidamente órdenes ejecutivas dirigidas a la inmigración y expresó intenciones de congelar los casos de asilo, socavar derechos duraderos como la ciudadanía por nacimiento y expandir el poder militar en la frontera, entre otras violaciones a los derechos humanos plasmados en la constitución de los Estados Unidos. El ICE ha comenzado a realizar expulsiones masivas sin el debido proceso, deportando a migrantes encadenados en aviones militares, una exhibición teatral sin precedentes sin duda, diseñada para reforzar las narrativas de criminalización.

Durante su campaña, Trump prometió deportar a 20 millones de inmigrantes, lo que pondría a 5.1 millones de niños ciudadanos en riesgo de separación familiar. Su objetivo es desmantelar las vías legales (aunque ya son inadecuadas) para obtener la ciudadanía, incluidas las basadas en el empleo, los lazos familiares y el estatus de protección temporal. Se espera que el Congreso de EE.UU, con su mayoría ajustada al partido republicano, apoye los esfuerzos de represión, pero aún no sabemos en qué medida.

Los latinoamericanos representan el 70% de los 11 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos, según el Centro de Estudios sobre Migración de Nueva York. Países como Guatemala se están preparando para una afluencia de deportados y la pérdida de remesas del exterior, que representan casi el 20% de su PIB. Claro, la migración desde Centroamérica no ocurre de la nada.

Las corporaciones e instituciones gubernamentales estadounidenses han participado durante décadas en campañas de explotación económica y violencia militar en intentos descarados de controlar la región. Aunque oscurecida por la propaganda sobre la migración, esta historia ha creado muchas de las condiciones que ahora obligan a las personas a abandonar sus hogares.

Después de la turbulenta primera presidencia de Trump, Joe Biden prometió un enfoque más humanitario, lanzando pequeños programas que pretendían abordar las causas profundas de la migración. Los efectos reales, como la priorización del tema por parte del Partido Demócrata en general, fueron dudosos.

La administración de Biden continuó con políticas duras, incluida la restricción del asilo por el Título 42 y otras órdenes de emergencia. Para algunos, la visita del presidente Arévalo en 2024 a la Casa Blanca señaló una leve esperanza de una futura colaboración entre EE.UU y Guatemala. A fin de cuentas, la relación entre los dos países es vital, con importantes relaciones comerciales e intereses mutuos. De todas formas, parece que todo lo discutido allí, incluso si solo fueron lugares comunes, es completamente insostenible ahora.

El regreso a un estilo de política más transaccional en la Casa Blanca significa una mayor presión sobre otros países para que intensifiquen su control fronterizo. Durante su primer mandato, Trump retuvo la ayuda a El Salvador, Guatemala y Honduras hasta que aceptaron políticas de “tercer país seguro”, lo cual colocó la carga de atender a los deportados estadounidenses sobre sus ya sobrecargados sistemas. Los servicios humanitarios vitales y los proyectos para combatir la corrupción, como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se paralizaron por el lapso. El debilitamiento de la capacidad de combatir la corrupción tiene consecuencias nefastas en Guatemala, donde las élites políticas envalentonadas por las tendencias globales hacia la derecha continúan socavando la democracia, e incluso intentaron evitar en 2024, el cambio de poder con el actual presidente Arévalo.

El expresidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, se había posicionado como un aliado de Trump, en parte debido al apoyo de la administración estadounidense a su purga del gobierno de opositores que desafiaban su poder, incluidos aquellos que lo investigaban por corrupción. En 2022, Giammattei se distanció de la administración Biden y rechazó una invitación a la Cumbre de las Américas.

En su viaje a Washington, en cambio, priorizó reuniones con electos republicanos y grupos de reflexión de extrema derecha. Giammetti incluso exigió que USAID se retirara de Guatemala como muestra de su alianza con la política conservadora de la época. Vestigios de estas relaciones todavía existen en la política nacional, con opositores de Arévalo celebrando públicamente la victoria de Trump.

La relación estratégica de ayuda entre EE.UU y Guatemala también está en riesgo. Desde 1961, USAID (el brazo más grande de la red de ayuda y filantropía internacional del país) ha financiado programas que abordan la salud, la educación, las oportunidades laborales y más. Estos cientos de millones de dólares anuales son de vital importancia para las organizaciones civiles y sin fines de lucro en Guatemala.

Cooperación en suspenso

Al momento de publicar, los políticos de derecha están amenazando nuevamente con detener la ayuda internacional. El 2 de febrero, Elon Musk dijo que su “Departamento de Eficiencia Gubernamental” -aunque no está dotado de poder legal- estaba en proceso de “cerrar” USAID. Su personal fue suspendido y los programas fueron congelados, lo que provocó que estas acciones fueran condenadas a nivel mundial.

Afortunadamente, existen controles del Congreso sobre la capacidad del poder ejecutivo para cambiar los presupuestos, así que queda por ver qué tán efectivos serán en última instancia, estos anuncios destructivos. El 3 de febrero, un senador demócrata de Hawái suspendió los nombramientos que hizo Trump en el Departamento de Estado, indicando que estos quedaban suspendidos hasta restablecer la ayuda de USAID. Como estos, podemos esperar muchos ejemplos similares de interferencia en futuras apropiaciones de poder.

Independientemente de la velocidad con la que estos buitres puedan desmantelar los sistemas gubernamentales, es un momento peligroso para las organizaciones que ya han experimentado una disminución en la asistencia de fuentes filantrópicas y de los gobiernos europeos recientemente. En Guatemala, uno de los proyectos más afectados será el de Justicia y Transparencia, que busca reducir la impunidad criminal y restablecer la independencia judicial.

Al final, las tácticas de Trump se basan en el shock y el pavor. Su administración busca abrumarnos y desorientarnos. El manual de estrategias de los regímenes fascistas emergentes siempre ha incluido un enfoque desmesurado en la “otredad”. La obsesión xenófoba de la política derecha moderna con los inmigrantes es una apelación transparente a un nacionalismo autoritario. La mayoría de los analistas no creen que el equipo de Trump pueda llevar a cabo las deportaciones que han amenazado. Pero lo que sí puede lograr lo hará de manera muy visible para agitar el sentimiento antiinmigrante y generar nuevos niveles de miedo, alterando la vida cotidiana y alejando a los inmigrantes del trabajo, la escuela y la atención médica.

Pero aún más allá de la crisis de derechos humanos, las políticas de Trump son económicamente y geopolíticamente imprudentes. Las importaciones estadounidenses desde Guatemala suman alrededor de 5 mil millones de dólares anuales. Y como principal socio comercial de Guatemala, los productos de EE.UU actualmente gozan de un estatus libre de impuestos en el mercado del país gracias a los acuerdos comerciales regionales. Los migrantes, tanto con documentos para trabajar legalmente como sin ellos, siempre han sido la columna vertebral de la economía estadounidense. Quitarles el estatus y deportar a tanta gente paralizaría una economía que aún se está recuperando de la pandemia, con importantes perturbaciones en sectores como la agricultura, la construcción, la hostelería y la atención sanitaria.

Muchas personas en riesgo de deportación llevan décadas en EE.UU; muchos niños nunca han conocido el país de origen de sus padres. Las naciones receptoras tendrán dificultades para reintegrar a los retornados, lo que creará ondas expansivas económicas en toda la región. Las amenazas de Trump de aranceles y agresión política ignoran las interdependencias vitales en todo el continente americano.

En este momento, las organizaciones de la sociedad civil en América Latina y en los EE.UU están evaluando estrategias de incidencia, buscando formas de colaborar, adaptándose al panorama moderno de desinformación que depende en gran medida de las redes sociales. No podemos saber de qué será capaz en última instancia una institución tan volátil, pero existen mecanismos de seguridad contra acciones unilaterales tan atroces en la constitución de los Estados Unidos, por no hablar de la resistencia de su gente. Comunidades como las de Tucson seguirán resistiendo, sabiendo que la lucha por la dignidad humana trasciende fronteras y las ambiciones de políticos imprudentes.