Las voces de quienes viven entre montañas
POR NEIDA SOLÍS
Resistencia de las comunidades de Guatemala frente al despojo.
Nacer de la tierra en las Verapaces. En el norte de Guatemala se ubican los departamentos de Alta y Baja Verapaz. Entre frondosos bosques habitan personas de origen maya q’eqchi y pocomchi’. En su propio idioma su gente se describe así misma como Ral Ch’och, que significa hijo o hija de la tierra. Estas palabras tienen un significado importante en una zona de alta conflictividad agraria.
El problema agrario en Guatemala tiene raíces profundas. Distintos hechos a lo largo de la historia han configurado una estructura social y agraria marcada por la desigualdad y en permanente conflicto. Al despojo de tierras contra la población originaria que supuso la invasión europea, se le sumaron las reformas liberales de los inicios de la república que contravinieron el reconocimiento de títulos de propiedad que, algunas comunidades indígenas habían logrado durante la colonia. Este proceso favoreció a los finqueros que se fueron instalando en el territorio, muchos de ellos extranjeros dedicados al café que explotaban laboralmente a los campesinos sin tierra.
Imagen cortesía de Camila Juárez
“Somos Ral Ch’och, que quiere decir: nacimos, vivimos y estamos en nuestras tierras. No podemos ir a otro lugar que no sea nuestro”. Pascual Miranda, Comunidad Río Cristalino.
En ese contexto, el conflicto armado interno que duró 36 años en el país tuvo el problema de la tierra en el centro, y generó nuevos desplazamientos y pérdidas de tierras que en muchos casos contaban con títulos coloniales. En el presente siglo, nuevos actores han emergido en los territorios en el contexto de las políticas extractivistas y ejercen presión sobre los territorios indígenas. Los gobiernos de turno han sido mayoritariamente aliados del poder económico agrario, en desmedro de miles de comunidades que son obligadas violentamente a dejar sus tierras y sus viviendas porque no cuentan con seguridad jurídica sobre ellas.
Alta y Baja Verapaz son dos de los departamentos en donde se concentran más casos de desalojos violentos debido a la inseguridad jurídica que tienen las comunidades indígenas y campesinas sobre la tierra que habitan. Estas comunidades reivindican su derecho ancestral a vivir en ese lugar y su rol como protectoras del medio ambiente y el territorio, frente a los agronegocios y otras formas de acaparamientos que están vulnerando sus derechos.
Tan solo en los primeros siete meses de 2024 se registran 15 desalojos en los departamentos de Petén, Escuintla, Jalapa, Alta y Baja Verapaz. Cuatro de los casos fueron extrajudiciales motivados por grupos paramilitares sin notificación previa, 11 fueron por órdenes judiciales. El mayor problema de los desalojos es que las familias pierden todos sus medios de vida y quedan en condiciones infrahumanas, sin techo y sin comida.
Imagen cortesía de Camila Juárez
El rol del Estado
En el marco de los Acuerdos de Paz de 1996 se creó la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), para buscar soluciones pacíficas a la conflictividad de tierras. Esta entidad fue desmantelada en 2020 como parte de las reformas impulsadas por el gobierno de Alejandro Giammattei para concentrar en el ejecutivo la resolución de la conflictividad. La medida dejó a la deriva más de 1,500 casos agrarios, actualmente asignados a la Secretaria Privada de la Presidencia.
Por otro lado, las instituciones de justicia han aumentado la persecución y criminalización de líderes comunitarios que luchan por obtener la seguridad jurídica sobre las tierras que habitan. Un ejemplo de ello es la creación de la Fiscalía Especializada contra los Delitos de Usurpación en 2021, cuyo objetivo es investigar la usurpación de tierras y propiedades, incluyendo los conflictos agrarios entre comunidades indígenas y campesinas, empresas y terratenientes.
Los siguientes datos fueron compartidos por Comunicación Social del Ministerio Público de Guatemala, por mensaje de Whatsapp: desde su creación, la fiscalía registra 1,455 denuncias, en su mayoría por el delito de usurpación y usurpación agravada. Solo entre enero y mayo de 2024 se contabilizaban 331. El Ministerio Público (MP) no aclara quienes presentaron estas denuncias y, aunque afirma haber resuelto el 91% de la totalidad de casos, no indica si fueron desestimados o resueltos por un juez. De las denuncias recibidas hay 128 solicitudes de desalojos pendientes de autorizar por el Organismo Judicial.
La creación de la Fiscalía de Usurpación fue fuertemente criticada por defensores de derechos humanos en Guatemala y organizaciones campesinas, porque lejos de resolver la conflictividad agraria promueve la judicialización de las comunidades indígenas que luchan por el acceso y recuperación de tierras. Un indicador de ello es la alta tasa de agresiones contra personas defensoras del medio ambiente. La Unidad de Defensoras y Defensores de Guatemala (UDEFEGUA) registra 1002 agresiones entre 2021 y 2023.
Por su parte, empresarios y terratenientes aplaudieron la creación de la Fiscalía de Usurpación. Su interés queda demostrado con la firma de convenio interinstitucional entre el MP y el Observatorio de Derechos de Propiedad, un ente creado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y la Cámara del Agro. La primera reúne a empresarios de todo el país, la segunda aglutina a terratenientes que se oponen a la recuperación de tierras por parte de las comunidades indígenas que reclaman su derecho ancestral a habitarlas (…)
Imagen cortesía de Camila Juárez
Un nuevo comienzo
En febrero de 2024, a los pocos días de haber asumido su mandato, el presidente progresista Bernardo Arévalo firmó un Acuerdo Agrario con cuatro organizaciones campesinas que llevan trabajando cerca de 30 años con comunidades en riesgo de ser desalojadas.
En dicho Acuerdo el presidente se compromete a atender la conflictividad agraria en el territorio nacional, impulsar el acceso a la tierra, renovar la institucionalidad agraria, fortalecer la economía campesina, y establecer un mecanismo de diálogo permanente entre el gobierno y las organizaciones campesinas.
Consideramos que con la firma de este acuerdo tendremos alguna mejoría, son 100 casos los que están puestos sobre la mesa, explica Carlos Morales de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), una de las organizaciones que firmó el acuerdo junto con el Comité de Unidad Campesina (CUC), la Asociación Indígena Campesina Ch´orti´ Nuevo Día y el Comité Campesino del Altiplano (CCDA).
Aquí no se está favoreciendo a pueblos indígenas o campesinos, lo que sucede es que históricamente estos sectores han estado excluidos. Este gobierno tiene más sensibilidad, por supuesto enmarcado en la legalidad, está tratando de atender y de escuchar la demanda de la población y asignar equipos especializados para que puedan abordar los casos según sea su caracterización, explica Leocadio Juracán del CCDA.
Uno de los primeros logros del diálogo entre el gobierno y las organizaciones campesinas es el reciente cambio dentro del Consejo Directivo del Fondo de Tierras, institución encargada de la regularización de procesos de adjudicación de tierras del Estado, que ha permitido el ingreso de nuevos representantes indígenas y campesinos que buscan renovar dicha entidad.
Imagen cortesía de Camila Juárez
Para conocer sobre la problemática de la tierra y la conflictividad agraria en Guatemala desde la voz de quienes la padecen se presentan los casos de las comunidades Canasec, Dos Fuentes, Rio Cristalino, Calijá y Lajeb Kej, ubicadas en Alta y Baja Verapaz. Estas comunidades han habitado su territorio ancestralmente, pero se encuentran en riesgo de perder sus tierras debido a las amenazas de desalojos y la inseguridad jurídica que tienen sobre ellas.
Esta investigación fue creada con el apoyo de vistprojects.com y consta de cinco capítulos y cinco vídeos que retratan y narran las historias de resistencia.
Neida Solis, periodista y socióloga maya Chalchiteka. Escribe sobre extractivismo, defensa del territorio, luchas de las mujeres, derechos humanos y otros.
