Obligadas a renunciar a sus sueños: Violencia sexual contra niñas en Guatemala

FrontPage Mujer Política EntreMundos 24 March, 2025 0 Comments

Obligadas a renunciar a sus sueños: Violencia sexual contra niñas en Guatemala

POR HUMAN RIGHTS WATCH

Los sucesivos gobiernos de Guatemala han incumplido con sus obligaciones hacia las niñas que enfrentan embarazos precoces y forzados debido a la violencia sexual, señaló Human Rights Watch en la presentación del informe “Obligadas a renunciar a sus sueños: Violencia sexual contra niñas en Guatemala”. A continuación, algunos datos relevantes sobre la investigación.

Las autoridades deben brindar a las sobrevivientes de violencia sexual, atención integral en salud, educación y seguridad social, así como las protecciones legales necesarias, justicia y reparaciones. El camino hacia la justicia para las niñas sobrevivientes de la violencia sexual está plagado de fallas sistémicas. De enero de 2018 a octubre de 2023, los fiscales y jueces desestimaron 6 mil 697 casos de violencia sexual contra niñas menores de 14 años, incluidos 2 mil 271 solo entre enero y octubre de 2023; un marcado aumento en comparación con años anteriores. Incluso cuando los casos proceden, la rendición de cuentas sigue siendo escasa: los jueces emitieron solo 136 acusaciones preliminares entre enero de 2018 y septiembre de 2023 y, 102 condenas por violación entre enero de 2018 y octubre de 2023, en casos que involucraban a niñas embarazadas menores de 14 años que son sobrevivientes de violencia sexual.

Imagen cortesía de Doris Miranda para Human Rights Watch

Alarmante

El informe de 85 páginas, “Obligadas a renunciar a sus sueños: Violencia sexual contra niñas en Guatemala”, documenta las numerosas barreras que enfrentan las niñas sobrevivientes de violencia sexual para acceder a atención médica esencial, educación, seguridad social y justicia. La ley guatemalteca clasifica cualquier actividad sexual que involucre a una niña o niño menor de 14 años como violencia sexual.

El Registro Nacional de las Personas de Guatemala (RENAP) informó que entre 2018 y 2024, 14 mil 696 niñas menores de 14 años dieron a luz y se convirtieron en madres. En muchos casos en contra de su voluntad.
Guatemala no logra prevenir ni abordar la violencia sexual sistémica, lo que da lugar a embarazos forzados entre niñas menores de 14 años. Las niñas que han sufrido violencia sexual a menudo son excluidas de la educación, tienen dificultades para acceder a la atención sanitaria y a la seguridad social y se enfrentan a enormes barreras en la búsqueda de justicia. Se necesitan urgentemente reformas integrales para prevenir mejor la violencia sexual, incluso contra las niñas; garantizar el acceso pleno a la atención de salud, la educación y la seguridad social y brindar justicia, incluidas reparaciones adecuadas.

“La violencia sexual sigue siendo un problema generalizado y sistémico en Guatemala, que afecta desproporcionadamente a niñas menores de 14 años”, señaló Cristina Quijano Carrasco, investigadora de derechos de la mujer de Human Rights Watch. “El hecho de que Guatemala no adopte medidas adecuadas para prevenir y poner fin a la violencia sexual y los embarazos forzados entre las niñas puede tener consecuencias potencialmente mortales, incluidos riesgos para la salud física y mental de las niñas, y puede afectar profundamente el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales”, afirmó.

Para la investigación, Human Rights Watch entrevistó a más de 72 representantes de sociedad civil, organizaciones, funcionarios gubernamentales, personal de atención médica y otros expertos y se analizaron datos gubernamentales.

Sin atención

En un caso, una niña de 11 años de una zona rural fue violada por su padre y acudió a atención médica tras descubrir que estaba embarazada de cinco meses. Aunque denunció el caso, las autoridades la enviaron de vuelta con su padre y la obligaron a dar a luz en su casa en condiciones inseguras y sin asistencia. Las autoridades nunca detuvieron al padre y, como el caso nunca fue objeto de una sentencia judicial, la niña no recibió ninguna reparación por el daño sufrido.

El acceso de las niñas a servicios integrales de salud en Guatemala es muy limitado. Las largas distancias de viaje, la escasez crónica de personal capacitado y los recursos inadecuados en los centros de salud impiden el acceso oportuno a servicios y suministros de atención de salud esenciales, como anticoncepción de emergencia y atención prenatal, durante el parto y posnatal.

Estas barreras afectan desproporcionadamente a las niñas de comunidades rurales e indígenas, que a menudo deben viajar durante horas o incluso días fuera de sus comunidades para llegar a los centros de atención de salud en las capitales departamentales. La ley guatemalteca permite el aborto terapéutico cuando la vida de la embarazada está en riesgo, pero el estigma y la falta de conocimiento de la ley entre los proveedores de atención médica obstaculizan el acceso a este servicio de salud esencial.

El sistema educativo de Guatemala tampoco apoya a las niñas embarazadas ni a las madres jóvenes. En noviembre de 2024, solo 213 estudiantes embarazadas estaban registradas en el sistema educativo a nivel nacional. La falta de apoyo de las escuelas y el gobierno, el estigma, la presión familiar y la violencia contribuyen a las altas tasas de deserción escolar de las niñas embarazadas, especialmente en las comunidades rurales. Muchas se ven presionadas a abandonar la escuela de forma permanente y, a menudo, son enviadas a vivir con sus agresores o se les asignan tareas domésticas.

La sociedad suele etiquetar a las niñas como “impuras” o “sucias”, estigmatizándolas aún más y culpando a las sobrevivientes en lugar de a los abusadores. La falta de políticas públicas diseñadas para permitir que las estudiantes embarazadas o madres, continúen sus estudios deja a las niñas sin el apoyo académico, social y emocional necesario. Los programas de protección social para niñas embarazadas y madres también son insuficientes para garantizar su derecho a la seguridad social. El programa gubernamental Vida, cuyo objetivo es brindar asistencia en efectivo a niñas embarazadas y madres menores de 14 años, tiene una baja cobertura debido a sus restrictivos requisitos de elegibilidad y a los onerosos obstáculos burocráticos. En 2024, solo 129 niñas estaban inscritas en el programa, a pesar de que ese año dieron a luz 1.953 niñas menores de 14 años.

La investigación se llevó a cabo en tres ciudades del país, Huehuetenango, Cobán y Ciudad de Guatemala, en un esfuerzo por analizar la violencia sexual en diversos contextos socioeconómicos y étnicos. Estas ciudades son las cabeceras departamentales de los tres departamentos con mayor prevalencia de embarazos forzados en niñas menores de 14 años del país.

Para leer el informe completo puede ingresar a la página oficial de www.hrw.org

Community Action FrontPage Uncategorized cultural barriers, forced pregnancies, forced to give up their dreams, indigenous communities, Lack of government support, No prevention programs, Pregnancy in girls and adolescents, pregnant students, sexual violence, Socioeconomic contexts, underage mothers EntreMundos 24 March, 2025 0 Comments

Forced to Give Up on Their Dreams: Sexual Violence against Girls in Guatemala

BY HUMAN RIGHTS WATC / TRANSLATED BY THOMAS LANG

Over the years, the government of Guatemala has not met its obligation to girls who face early and forced pregnancies due to sexual violence. Human Rights Watch made this claim in a report entitled Forced to Give Up on Their Dreams: Sexual Violence against Girls in Guatemala. Here are some details from the report:
Authorities must provide comprehensive healthcare, education, and social security to survivors of sexual violence, as well as necessary legal protection, justice, and reparations. The road towards justice for girls who are survivors of sexual violence is plagued by systemic failure. From January 2018 to October 2023, 6,697 cases of sexual violence against girls under the age of 14 were dismissed—2,271 between January and October 2023, representing a marked increase compared to previous years. Even when cases proceed, true results are scarce: judges issued only 136 preliminary indictments between January 2018 and September 2023, with only 102 convictions in cases involving girls under the age of 14 between January 2018 and October 2023.

Alarming

The 85-page report documents the numerous barriers that survivors face when seeking essential medical care, education, social security, and justice. Guatemalan law classifies any sexual activity involving a child below the age of 14 as sexual violence.

The National Registry of Persons (RENAP) reported that between 2018 and 2024, 14,696 girls below the age of 14 gave birth and became mothers, in many cases against their will.

Guatemala has not been able to prevent nor deal with systemic sexual violence, which has led to forced pregnancies in girls under the age of 14. Girls who have suffered sexual violence are often excluded from education, have difficulties accessing healthcare and social security, and face enormous barriers in their search for justice. Urgent, comprehensive reform is needed to prevent sexual violence against girls; guarantee their full access to healthcare, education, and social security; and give them justice and adequate reparations.

“Sexual violence remains a pervasive and systemic issue in Guatemala, disproportionately affecting girls ages 14 and under, which is the age of consent in the country,” says Human Rights Watch researcher Cristina Quijano Carrasco. “That Guatemala fails to take adequate measures to prevent and stop sexual violence and forced pregnancies in young girls could have potentially deadly consequences, including risks for their physical and mental health, while also profoundly impacting their economic, social, and cultural rights.”

Human Rights Watch interviewed more than 72 representatives from civil society organizations, government workers, medical workers, and other experts while also analyzing government data.

Helpless

In one case, an 11-year-old girl in a rural area was raped by her father and sought medical attention upon finding out that she was 5 months pregnant. Though she reported the case, authorities sent her back home with her father and forced her to give birth in unsafe conditions without help. Authorities never arrested the father and, since the case was never adjudicated, the girl received no reparations for the harm she suffered.

Girls’ access to comprehensive health services in Guatemala is very limited. Long travel distances, a chronic lack of trained professionals, and inadequate resources impede access to services and essential healthcare, like emergency contraception and prenatal/postpartum care.

These barriers disproportionately affect girls in rural and indigenous communities who often have to travel hours or even days to reach healthcare facilities in departmental capitals. Guatemalan law permits abortion when the life of the mother is at risk, but stigma and a lack of understanding of the law by medical providers restricts access to this essential health service.

Guatemala’s educational system doesn’t help pregnant girls and young mothers either. In November 2024, only 213 pregnant students were enrolled in the national education system.

The lack of support, stigma, and family pressure contribute to high drop-out rates in pregnant girls, especially in rural communities. Many are forced to permanently abandon their education and are often sent to live with their rapists and/or take care of domestic chores.

Society tends to label girls as “impure” or “dirty,” stigmatizing and placing blame on survivors instead of abusers. The lack of public policy designed to keep pregnant students or young mothers in schools leaves girls without the academic, social, and emotional support they need. Programs to protect pregnant girls and young mothers are insufficient to guarantee their right to social security. The Vida program, which provides cash assistance to pregnant girls and mothers under the age of 14, has restrictive eligibility requirements and onerous bureaucratic obstacles which reduce its reach. In 2024, only 129 girls were enrolled in the program, despite the fact that 1,953 girls under 14 gave birth that year.

In an effort to analyze sexual violence in diverse socioeconomic and ethnic contexts, this research was conducted in three cities in Guatemala: Huehuetenango, Cobán, and Guatemala City. These cities are the departmental capitals with the greatest rate of forced pregnancy in girls under 14.

To read the whole report, head to the official webpage at www.hrw.org