Obligadas a renunciar a sus sueños: Violencia sexual contra niñas en Guatemala

POR HUMAN RIGHTS WATCH

Los sucesivos gobiernos de Guatemala han incumplido con sus obligaciones hacia las niñas que enfrentan embarazos precoces y forzados debido a la violencia sexual, señaló Human Rights Watch en la presentación del informe “Obligadas a renunciar a sus sueños: Violencia sexual contra niñas en Guatemala”. A continuación, algunos datos relevantes sobre la investigación.

Las autoridades deben brindar a las sobrevivientes de violencia sexual, atención integral en salud, educación y seguridad social, así como las protecciones legales necesarias, justicia y reparaciones. El camino hacia la justicia para las niñas sobrevivientes de la violencia sexual está plagado de fallas sistémicas. De enero de 2018 a octubre de 2023, los fiscales y jueces desestimaron 6 mil 697 casos de violencia sexual contra niñas menores de 14 años, incluidos 2 mil 271 solo entre enero y octubre de 2023; un marcado aumento en comparación con años anteriores. Incluso cuando los casos proceden, la rendición de cuentas sigue siendo escasa: los jueces emitieron solo 136 acusaciones preliminares entre enero de 2018 y septiembre de 2023 y, 102 condenas por violación entre enero de 2018 y octubre de 2023, en casos que involucraban a niñas embarazadas menores de 14 años que son sobrevivientes de violencia sexual.

Imagen cortesía de Doris Miranda para Human Rights Watch

Alarmante

El informe de 85 páginas, “Obligadas a renunciar a sus sueños: Violencia sexual contra niñas en Guatemala”, documenta las numerosas barreras que enfrentan las niñas sobrevivientes de violencia sexual para acceder a atención médica esencial, educación, seguridad social y justicia. La ley guatemalteca clasifica cualquier actividad sexual que involucre a una niña o niño menor de 14 años como violencia sexual.

El Registro Nacional de las Personas de Guatemala (RENAP) informó que entre 2018 y 2024, 14 mil 696 niñas menores de 14 años dieron a luz y se convirtieron en madres. En muchos casos en contra de su voluntad.
Guatemala no logra prevenir ni abordar la violencia sexual sistémica, lo que da lugar a embarazos forzados entre niñas menores de 14 años. Las niñas que han sufrido violencia sexual a menudo son excluidas de la educación, tienen dificultades para acceder a la atención sanitaria y a la seguridad social y se enfrentan a enormes barreras en la búsqueda de justicia. Se necesitan urgentemente reformas integrales para prevenir mejor la violencia sexual, incluso contra las niñas; garantizar el acceso pleno a la atención de salud, la educación y la seguridad social y brindar justicia, incluidas reparaciones adecuadas.

Imagen cortesía de Doris Miranda para Human Rights Watch

“La violencia sexual sigue siendo un problema generalizado y sistémico en Guatemala, que afecta desproporcionadamente a niñas menores de 14 años”, señaló Cristina Quijano Carrasco, investigadora de derechos de la mujer de Human Rights Watch. “El hecho de que Guatemala no adopte medidas adecuadas para prevenir y poner fin a la violencia sexual y los embarazos forzados entre las niñas puede tener consecuencias potencialmente mortales, incluidos riesgos para la salud física y mental de las niñas, y puede afectar profundamente el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales”, afirmó.

Para la investigación, Human Rights Watch entrevistó a más de 72 representantes de sociedad civil, organizaciones, funcionarios gubernamentales, personal de atención médica y otros expertos y se analizaron datos gubernamentales.

Sin atención

En un caso, una niña de 11 años de una zona rural fue violada por su padre y acudió a atención médica tras descubrir que estaba embarazada de cinco meses. Aunque denunció el caso, las autoridades la enviaron de vuelta con su padre y la obligaron a dar a luz en su casa en condiciones inseguras y sin asistencia. Las autoridades nunca detuvieron al padre y, como el caso nunca fue objeto de una sentencia judicial, la niña no recibió ninguna reparación por el daño sufrido.

Imagen cortesía de Doris Miranda para Human Rights Watch

El acceso de las niñas a servicios integrales de salud en Guatemala es muy limitado. Las largas distancias de viaje, la escasez crónica de personal capacitado y los recursos inadecuados en los centros de salud impiden el acceso oportuno a servicios y suministros de atención de salud esenciales, como anticoncepción de emergencia y atención prenatal, durante el parto y posnatal.

Estas barreras afectan desproporcionadamente a las niñas de comunidades rurales e indígenas, que a menudo deben viajar durante horas o incluso días fuera de sus comunidades para llegar a los centros de atención de salud en las capitales departamentales. La ley guatemalteca permite el aborto terapéutico cuando la vida de la embarazada está en riesgo, pero el estigma y la falta de conocimiento de la ley entre los proveedores de atención médica obstaculizan el acceso a este servicio de salud esencial.

El sistema educativo de Guatemala tampoco apoya a las niñas embarazadas ni a las madres jóvenes. En noviembre de 2024, solo 213 estudiantes embarazadas estaban registradas en el sistema educativo a nivel nacional. La falta de apoyo de las escuelas y el gobierno, el estigma, la presión familiar y la violencia contribuyen a las altas tasas de deserción escolar de las niñas embarazadas, especialmente en las comunidades rurales. Muchas se ven presionadas a abandonar la escuela de forma permanente y, a menudo, son enviadas a vivir con sus agresores o se les asignan tareas domésticas.

La sociedad suele etiquetar a las niñas como “impuras” o “sucias”, estigmatizándolas aún más y culpando a las sobrevivientes en lugar de a los abusadores. La falta de políticas públicas diseñadas para permitir que las estudiantes embarazadas o madres, continúen sus estudios deja a las niñas sin el apoyo académico, social y emocional necesario. Los programas de protección social para niñas embarazadas y madres también son insuficientes para garantizar su derecho a la seguridad social. El programa gubernamental Vida, cuyo objetivo es brindar asistencia en efectivo a niñas embarazadas y madres menores de 14 años, tiene una baja cobertura debido a sus restrictivos requisitos de elegibilidad y a los onerosos obstáculos burocráticos. En 2024, solo 129 niñas estaban inscritas en el programa, a pesar de que ese año dieron a luz 1.953 niñas menores de 14 años.

Imagen cortesía de Doris Miranda para Human Rights Watch

La investigación se llevó a cabo en tres ciudades del país, Huehuetenango, Cobán y Ciudad de Guatemala, en un esfuerzo por analizar la violencia sexual en diversos contextos socioeconómicos y étnicos. Estas ciudades son las cabeceras departamentales de los tres departamentos con mayor prevalencia de embarazos forzados en niñas menores de 14 años del país.

Para leer el informe completo puede ingresar a la página oficial de www.hrw.org