Energuate y CODECA

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Foto de portada: Plantón ante la Corte Suprema de Guatemala, Julio de 2014.

Por EntreMundos

La controversia de la electricidad es una de las más importantes del país, a pesar de que no afecta a las grandes ciudades. Energuate y el gobierno dicen que los usuarios en resistencia roban electricidad a través de conexiones ilegales. Las cuales son responsables de los malos servicios y apagones. Dicen que los que animan a la población a hacer conexiones ilegales son delincuentes cobrando por esas conexiones. Pero comunidades por toda la zona de Energuate dicen que los malos servicios antedatan las conexiones caseras y que son demasiado altos los cobros de Energuate, una distribuidora controlada mayoritariamente por la firma inglesa Actis Capital. Energuate opera en monopolio en el 86% del país. Por lo menos 160,000 de los 1.6 millones usuarios de Energuate están ‘en resistencia’; se han conectado directamente al flujo eléctrico, y no pagan a Energuate. Muchos ven a una corporación extranjera abusando de la gente pobre y rural de Guatemala, cuyos ingresos a menudo no alcanzan para la canasta básica. Hay 16 distribuidoras municipales, como la de Xela; por eso, Energuate opera primariamente en las áreas rurales donde hay más pobreza y analfabetismo. Activistas han sido secuestrados, encarcelados, y hasta asesinados exigiendo la nacionalización de la distribución de la electricidad para que sea el estado y no el capital privado el que se beneficie de los pagos por la electricidad. En octubre de 2012, por ejemplo, en Alaska, Totonicapán, miembros del ejército mataron a ocho indígenas en una manifestación pacífica movilizada en contra de Energuate/Actis, en favor de la nacionalización, y en contra de otras reformas de ley.

Actis compró las distribuidoras DEORCSA-DEORSA en 2011 de la empresa española Unión Fenosa, y las renombró Energuate. La distribución de la electricidad fue privatizada en los 90. Una distribuidora compra energía de generadores, paga transportistas, mantiene cablería, subestaciones, y postes, conecta usuarios a la infraestructura eléctrica que ya existe, monitorea su uso de energía, y les cobra. La electrificación rural y la ampliación de la infraestructura eléctrica (aparte de postes) son responsabilidad del estado. Igual, la tarifa social que beneficia a 95% de los usuarios guatemaltecos, es subvencionada por completo por el gobierno. Es decir, la distribuidora cobra a los usuarios, y colecta también de las arcas públicas. La privatización prometía bajar costos y mejorar el servicio. Tras casi 20 años, los resultados son dispares, en el mejor de los casos. Energuate tiene un negocio sumamente rentable; pagó a Unión Fenosa $449 millón en 2011, mientras Unión Fenosa pagó $101 millón en 1999. CODECA calcula los ingresos anuales de Energuate a más de $300,000,000. Energuate dijo a Entremundos que ésta suma es demasiada alta, pero no por cuánto.

Las dos distribuidoras extranjeras en Guatemala, EEGSA y Energuate, operan monopolios en zonas distintas. EEGSA es filial de Empresas Públicas de Medellín, una empresa pública colombiana que aporta una gran parte del presupuesto municipal de Medellín. Actis es privada, pero paga dividendos al gobierno británico por unas inversiónes pasadas. Miembros de la resistencia señalan que la convulsión social solo existe donde opera Energuate.

Las comunidades generalmente toman la decisión de declararse en resistencia mediante asambleas populares y la anuncian en carteles o mantas en la entrada. Energuate suele cortar la electricidad en la comunidad (esto puede durar meses) y negociar. Cuando es una municipalidad más grande, como ha pasado varias veces, la empresa a veces deja sin electricidad durante unas horas al día. Las comunidades aguantan hasta que lleguen a un acuerdo con la empresa. El gobierno ha concentrado sus esfuerzos en frenar a dos organizaciones en concreto: CODECA y Frena (Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos de los Pueblos) de San Marcos. En 2008, Frena se involucró cuando, después de años de costos en crecimiento y deficiencias en el servicio, un apagón el 24 de diciembre causó una convulsión social que duró tanto que en noviembre de 2009, Presidente Álvaro Colom decretó un Estado de Excepción en varias municipalidades.

Entremundos envió este editorial y otras preguntas sobre la perspectiva de Codeca a Energuate con tres semanas de anticipación. En suma, dijo: que hay tantas comunidades ‘en resistencia’ porque CODECA y otros grupos ganan cobrando por conexiones ilegales, y a veces usan la intimidación; que Energuate no cobró Q200,000,000 que se le debía en 2014; que invirtió Q500,000,000 en la red en tres años; el gobierno establece los montos máximos que pueden cobrar; que seis de diez usuarios pagan más por el alumbrado público que por su uso personal, y éste cobro es responsabilidad de las autoridades locales; que recuperó 60,000 usarios en 2014; que los supuestos ‘secuestros’ de miembros de CODECA son realizados por vecinos que están hartos de los cortes y la conflictividad causados por las conexiones ilegales; y que ‘la conflictividad responde a demandas sociales de la población no atendidas por el Estado.’  En este punto, los dos están de acuerdo. Energuate no comentó dentro del plazo de tres semanas que la revista le otorgó, sobre la demás información.