Violencia contra las mujeres: dominio masculino en la política

Silvia Lilian Trujillo

La violencia política es sistemática y permanente, se produce para inhibir, ralentizar o restringir la participación política de mujeres, en el marco de un sistema que se resiste a aceptar su igualdad de derechos. Mientras no se trabaje para acabar con esta violencia específica la calidad de la representatividad se cuestiona, como también la del sistema democrático.  

En Guatemala las mujeres no ejercen aún la ciudadanía plena

Las mujeres que participan políticamente en el país han estado expuestas de forma continuada a este tipo de violencia, aunque se agudiza en los contextos electorales. Cuando se las ha consultado narran distintas experiencias desde haber recibido amenazas, hasta ser víctimas de atentados con disparos en sus domicilios o ser atacadas por turbas masculinas que no aceptan sus candidaturas. El terreno digital no se mantiene ajeno, ellas han reportado que en el periodo eleccionario de 2019 se produjo un aumento de agresiones provenientes de net centers. 

Al no haber en el país un tipo penal específico no se cuenta con datos oficiales sobre estos delitos, lo cual se suma a que la mayoría de ellas no denuncia los hechos en el sistema de justicia, en algunos casos, porque los interpretan como parte del juego político y, en otros casos, porque saben que la correlación de fuerzas no está a su favor. El miedo es otro inhibidor ya que cuando han puesto en evidencia a los agresores en las estructuras partidarias no sólo no ha habido sanciones para los mismos, sino que son ellas las que han tenido que enfrentar las consecuencias.

Otra arista del problema es la subrepresentación de mujeres en cargos públicos. En Guatemala es resultado, entre otras cuestiones, de la violencia política que implica no contar en el país con leyes o medidas afirmativas que permitan terminar con esa desigualdad, en un sistema político aún permeado por lógicas patriarcales, androcéntricas y excluyentes.

Los porcentajes de representación en cargos de elección popular y de altos cargos de designación política son poco significativos desde hace más de treinta años, de hecho, de los más bajos de la región. Las mujeres conforman la mayoría del padrón electoral (53.72 % en 2019 y 54% en 2023) según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), fueron las que más votaron en 2015 (55.1 %), pero son las que menor porcentaje de participación y representación tienen. En los nueve procesos electorales que se han desarrollado en Guatemala desde que retomara el camino democrático el porcentaje ha aumentado menos del 15%.

En 1989 las diputadas ocupaban el 6.9% de las curules, diez años después representaban el 13.7 % y en 2009 conformaban el 12 %. De 2020-2024, de las 160 curules de la Legislatura, solo 31 (19.38%) han sido ocupadas por mujeres (TSE, 2019). Este porcentaje ubica al país en el lugar 119/186 del mapa de mujeres en política elaborado por la Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres (2023) estando aún lejos de alcanzar el promedio regional establecido por esta misma entidad en 34,6%.

La imposición de opresiones da como resultado que la situación para las mujeres indígenas sea más desventajosa. La primera diputada indígena, Ana María Xuyá Cuxil, tomó posesión del cargo en la legislatura 1986-1990. En los períodos legislativos 1996-2000 y 2000- 2004, la participación de diputadas indígenas se mantuvo en 1.9% (3 diputadas en cada legislatura), y en periodo de 2008-2012 fueron 4 diputadas (25.4%). En la legislatura de 2020 – 2024 solo 3 mujeres indígenas ocuparon una curul. En todo ese periodo no ha habido diputadas garífunas o xincas. Tampoco ha habido mujeres trans diputadas.

Mientras tanto en el poder Ejecutivo, de los 14 ministerios existentes el porcentaje de ministras se ha mantenido en los últimos dos períodos de gobierno en 14.2%, mientras que en los viceministerios el porcentaje de mujeres desciende a 12% (6 mujeres de 50 puestos). El mapa de mujeres en política ubica a Guatemala en el lugar 167 de 190 países por la cantidad de mujeres en cargos ministeriales que al 1 de enero de 2023 era de 1 de 14 ministerios.

En cuanto a mujeres indígenas desempeñando cargos de ministras en los últimos veinte años ha habido únicamente dos: Otilia Lux de Cotí en el Ministerio de Cultura y Deportes 2000-2004 y Leticia Teleguario en el Ministerio de Trabajo entre 2016-2018.

Promotora de ley contra el acoso

El 13 de marzo de 2023 se cumplieron once años de la muerte violenta de la concejala Aimara Juana Quispe, en Bolivia. Ella había sido electa consejala titular de dicho municipio, pero ni el concejo municipal ni el alcalde estuvieron de acuerdo con el ejercicio de su cargo. Desde que fue electa hasta que su cuerpo fue encontrado sin vida; transcurrieron dos años en los cuales enfrentó distintas formas de violencia en su contra, física (le arrojaron cemento en sus ojos), verbal (amenazas e insultos constantes) e institucional (trámites extenuantes, retención del salario, así como la negación a escuchar sus constantes denuncias).

Quispe había sido una de sus principales impulsoras de la Ley Nº243 Contra el Acoso y Violencia Política Hacia las Mujeres, misma que la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), con el acompañamiento de varias organizaciones feministas y de mujeres, logró que se aprobara el 28 de mayo del año 2012. Fueron doce años de lucha para lograrlo y Juana no pudo beneficiarse de su contenido. 

Violencia y acoso político contra mujeres políticas

Desde la existencia de la ley en Bolivia, por cierto, el primer país de la región latinoamericana en contar con un marco normativo en este sentido, se han hecho esfuerzos en otros por crear el tipo penal y definir la violencia política contra mujeres que participan políticamente de forma apropiada, pero la lucha se mantiene.

Se la ha conceptualizado como cualquier agresión, sea física, psicológica, sexual, simbólica, entre otras, que enfrentan las mujeres en la vida política para desalentar, inhibir o frenar su participación. Generalmente es un tipo de violencia que ejercen los hombres contra las mujeres, aunque en algunas oportunidades también las mujeres violentan a otras, transformándose en un instrumento de las lógicas patriarcales.

Resulta importante señalar que las omisiones y tolerancia a las formas como se expresa, también se consideran parte de la definición. De hecho, la Ley Modelo Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política promulgada en 2017 reúne la mayoría de estos elementos en su definición.

La experta en el tema Flavia Freidenberg explica que son “situaciones de invisibilidad, descrédito o generación de culpa”.

Se traducen en abuso o acoso psicológico o sexual, intimidación, amenazas a ellas y su familia, silenciamiento público, exclusión física de los lugares de toma de decisiones, cuestionamiento de acciones tomadas, recibir burlas o comentarios sexistas, no ser convocadas a reuniones, negarles el acceso a recursos financieros, e incluso, criminalización y agresión física directa. También incluye la omisión de los Estados para promulgar marcos normativos que generen las condiciones para reducir brechas de desigualdad y en otras acciones, explícitas o no, que de hecho cancelen su participación.  

Dos mujeres candidatas a presidenta en Guatemala ¿se resuelve el problema?

La campaña electoral 2023 ya comenzó y hay dos candidaturas a la presidencia ocupadas por mujeres, sin embargo, esto no resuelve el problema porque, aunque estas mujeres están “autorizadas”, esto no facilita el camino a las demás. Por el contrario, refuerza estrategias patriarcales que las acepta y autoriza en tanto jueguen con las reglas del sistema de dominio. Aquellas que no se plieguen, que tengan discursos y propuestas que se enfrentan al statu quo, son expulsadas del proceso.