«Decadencia estatal guatemalteca y autonomía de los Pueblos Indígenas ante la crisis COVID-19»
Por: Wa’chala il Chirizx
Con las contingencias de salud a nivel mundial con el COVID-19 las desigualdades económicas y sociales de todos los países salieron a flote. Los países no cercanos a la región de Latinoamérica, epicentro del yacimiento de la enfermedad, fueron infectados especialmente por personas que tienen el privilegio de viajar al extranjero. El gobierno de Guatemala, -a sabiendas del riesgo- tuvo tiempo para fortalecer las medidas sanitarias en el único aeropuerto nacional y las diferentes fronteras del país, pero no tomó medidas inmediatas. Tanto el gobierno como algunos de los viajeros no fueron responsables ni conscientes de lo que iniciarían en el país. Sólo después de reportar el primer deceso de COVID-19, se inició con la búsqueda de cada pasajero que venía en el vuelo del primer contagiado, para someterlos a cuarentena.
El egoísmo y el individualismo, prevalecen ante el precario y débil del Estado con un gobierno servil al empresariado, que agradece sus donaciones a cambio de ser beneficiados con privilegios fiscales; irrespetando el Estado laico y haciendo creer a la población que la situación depende de Dios, (siendo esto el resultado de la manipulación política desde la fé) y no del buen trabajo de las instituciones públicas. Históricamente el sistema de salud en Guatemala nunca ha estado preparado y abastecido para atender a la población, sobre todo en las comunidades de Pueblos Indígenas, lo cual ya un problema estructural desde hace 45 años. La crisis de COVID-19 pone a prueba el tutelaje político del Estado sobre Pueblos Indígenas y ha evidenciado que sus campañas de prevención y contención no tienen un enfoque con pertinencia cultural, sino todo lo contrario, ha sido una campaña clasista y racista.
Una de las paradojas de los Pueblos Indígenas ha sido lidiar y sobrevivir con epidemias que ellos no han provocado, además de lidiar con otros tipos de “virus”, como el colonialismo, imperialismo, patriarcado, fundamentalismo, racismo y la oligarquía del país, lo cual les han despojado de su conjunto de sistemas y medios de vida, que son sus tierras y territorios. Así mismo, han contaminado sus ríos y lagos, y se les han negado el derecho universal del agua, que estos momentos es necesaria para lavarse las manos constantemente y prevenir el virus. Lidiar con todos estos problemas, no significa que lo normal sea que los Pueblos Indígenas tengan que alinearse a las políticas de aniquilación e invisibilización que han promovido los gobiernos y los imperios; más bien, es un reconocimiento a la resistencia y lucha para la vivencia/sobrevivencia de estos pueblos.
Para contrarrestar la crisis, el gobierno ha planteado políticas económicas preventivas a largo plazo: financieras con el supuesto de salvaguardar la “estabilidad financiera” y, fiscales para resguardar al sector empresarial para no “desincentivar” la economía nacional. Sin embargo, esa “economía nacional” de la que hablan, son únicamente los empresarios que dominan al país, invisibilizado e ignorando al sector “informal”, además de ignorar a otras economías como las Indígenas, comunitarias, familiares/domésticas, y otras más.
Según la Encuesta de Empleo e Ingresos (ENEI) del 2019, el 31.9% de toda la población se encuentra laborando en el sector primario y el 26.9% en el comercio; siendo así los sectores donde se involucran poco más de la mitad del total de personas. De estos, más de 4 millones de personas sobreviven trabajando por cuenta propia, dedicándose a la agricultura, al comercio o a la oferta de servicios varios. En el mundo de la “informalidad” existen 700 mil niños que laboran en el sector informal, además de adultos mayores y mujeres embarazadas (ENEI 2018; ICEFI 2018; CENSO 2019). Una gran parte de este sector informal no será beneficiado con los programas recién anunciados por el gobierno para aliviar la crisis, debido a que no tributan directamente al fisco, lo cual es una justificación para no tomarlos en cuenta e invisibilizarlos.
Para la sobrevivencia y la generación de ingresos, quienes no logran sostenerse del sector informal, o realizan otro tipo de actividades que no son bien remuneradas, buscan empleo migrando a Estados Unidos y enviando dinero para sostener al país. En el 2019 más de 10,500 millones de dólares (casi 81 mil millones de quetzales) ingresaron a Guatemala como remesas, monto que está por encima de los casi 67 mil millones de quetzales que ingresaron al Estado en 2019 en concepto de ingresos tributarios, no tributarios y regalías. Estas remesas ayudaron directamente a familias en situación de pobreza, e indirectamente inyectaron dinero a la economía nacional.
A pesar del aporte económico de las comunidades Indígenas y campesinas, a través de la producción de alimentos y conservación del medio ambiente que conforman parte importante de la estructura económica y social de Guatemala, no se prioriza la salud, la seguridad alimentaria y laboral para los mismos. El carácter tutelar y centralizado del Estado, hace que no se tenga una comunicación directa con los Pueblos Indígenas. Son los ellos mismos quienes a través de sus conocimientos ancestrales suplen la falta de apoyo, como sucede actualmente por ejemplo con la responsabilidad asumida por las comadronas y/o curanderos/curanderas (aq’omanel) para difundir y tomar acciones frente a esta pandemia y ante la posibilidad de contagios.
Por ello, la apuesta política en esto momentos debe ser retomar y seguir reivindicando desde la comunidad la medicina ancestral que va acorde también a las prácticas y cosmovisiones mayas que hacen conexión y entienden los cuerpos y la naturaleza. Es necesario y urgente el repensar acciones desde una visión de complementariedad, donde se reconozca el conocimiento ancestral y la lógica colectiva de los Pueblos Indígenas, donde se priorice la vida y no sólo lo económico. Esta lógica, no debería adoptarse sólo para las crisis, sino debe establecerse como práctica de vida. Los pueblos nos han enseñado a lo largo de la historia que sus formas de vida mantienen herencias culturales activas en las comunidades y que son innovadoras y creadoras. Tomando como referencia las prácticas y cosmovisión maya de nuestros abuelos y abuelas sabias, entendemos que ellos son los libros vivos de los Pueblos Indígenas.
Por otro lado, también se encuentra la importancia del derecho a la alimentación. Si la distribución de la tierra fuera más acorde a las necesidades campesinas e Indígenas que producen alimentos, las cadenas productivas (producción y consumo) realizarán la interrelación adecuada para el comercio de alimentos, lo cual resultaría una mejor conexión entre el campo y la ciudad; así como también la transformación del mercado laboral para asegurar las ocupaciones de cuenta propia para evitar el desempleo en el largo plazo, (luego de solventar la crisis de salud). Agregado a ello, es importante no perder de vista la situación de las mujeres y específicamente de las mujeres Indígenas a quienes históricamente se les han violado sus derechos laborales, y en esta crisis, muchas de ellas, como trabajadoras domésticas están siendo obligadas a trabajar y pasar la cuarentena con jornadas largas y más cargadas, sin derechos mínimos, obligadas a estar separadas de sus familias.
Cuando el presidente Alejandro Giammattei, tomó medidas para contrarrestar la crisis, ordenó el aislamiento, el toque de queda, y la restricción de algunos servicios públicos (como el transporte) y con ello se perjudicó también los derechos laborales de las mujeres y hombres campesinos. Ellos se trasladan por este medio a los mercados locales y con estas actividades garantizan la soberanía y seguridad alimentaria de la comunidad, y el abastecimiento de alimentos en todo el país. El trabajo de todas las personas Indígenas campesinas ha sido poco valorado a pesar de su sacrificio, se encuentran en situación de pobreza impuesto desde un modelo económico de “libre mercado” que solamente ha generado desigualdad.
Por la exclusión y olvido con la cual el gobierno ha tratado a las comunidades Indígenas no sólo en esta pandemia, sino en muchos otros temas, ahora debe respetar los mecanismos y estrategias que ellos han decidido implementar dentro de sus comunidades para prevenir y contener la expansión del virus, como también debe aprender a valorar la organización y solidaridad de los Pueblos Indígenas, quienes seguiremos luchando por defender nuestra tierra, territorio y autonomía y resistir como lo hemos hecho desde hace tantos años. Al mismo tiempo, debe comenzar a elaborar políticas públicas, proyectos y programas que, como deber constitucional, garantice el bienestar de los pueblos históricamente excluidos, Mayas, Xincas y Garífunas.
Sobre los autores
Somos Mayas Kaqchikeles, hijxs y nietxs de sobrevivientes del genocidio en Guatemala, nacidos en 1992-1993. Nuestros padres fueron migrantes internos. Tuvimos el privilegio de haber crecido en un ambiente familiar de mucha alegría, pero al mismo tiempo con responsabilidades étnicas y políticas que nos permiten reivindicarnos como sujetxs individuales y colectivxs. Optamos por enriquecer nuestros conocimientos siguiendo carreras universitarias que abarcaran las ciencias sociales. Y esto nos ayudó en nuestra vida laboral, para participar en varias organizaciones sociales-políticas y centros de investigación con el objetivo de romper y aportar al cambio de narrativas de un sistema hegemónico.
Créditos foto de portada: Nelson Cetino
