Narco-dinero en las elecciones de 2011: El informe de la CICIG

CICIG

Análisis de EntreMundos – Septiembre 2015

En el municipio de Ipala, Chiquimula, solo quedó un candidato a alcalde, postulado por un comité cívico: Esduin Jerson Javier Javier, conocido como “Tres Quiebres.” Los otros candidatos renunciaron por amenazas de muerte. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) cita a Javier como un caso paradigmático de la corrupción entre los constructors de obra publica, la influencia de los narcotraficantes y el interés de las “redes político-económicos ilícitas” en apoderarse de medios de comunicación.

Esduin Jerson Javier Javier, más conocido como “Tres Quiebres.” Foto de Facebook.

Javier fue constructor de obra pública y posee un canal de cable. La CICIG en su nuevo informe “El Financiamiento de la Política en Guatemala” explica, “las empresas constructoras, mediante comisiones, donaciones y otras formas de entrega de recursos, financian de manera directa o indirecta las campañas electorales y resultan beneficiándose de la adjudicación de obras públicas” (p. 85).

Es una práctica tan común y lucrativa que “se ha observado sistemáticamente que los grupos criminales tienden a montar empresas constructoras para acceder a asignaciones de obra pública. Esto les permite tanto aumentar sus ganancias como lavar los ingresos mal habidos” (p. 101).

La CICIG estima que alrededor de 25% del financiamiento electoral proviene de ‘estructuras criminales, sobre todo de las dedicadas al trafico de drogas’ (p. 66).

El ex-ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla (actualmente bajo investigación por el Ministerio Publico) ha indicado que “Javier es sindicado de actividades de narcotráfico en el oriente del país… Javier había mantenido un perfil bajo, pero conforme se han desmantelado las estructuras, producto del control que tenían ciertas familias, surgió como una persona que tiene control y manejo del área” (p. 99).

Pero no es un caso único. La CICIG estima que alrededor del 25% del financiamiento electoral proviene de “estructuras criminales, sobre todo de las dedicadas al tráfico de drogas” (p. 66). Ex-vicepresidenta Roxana Baldetti dijo en 2013, “No es nada nuevo, yo personalmente lo he vivido. Hay alcaldes que sabemos que trabajan para el narcotráfico y si revisamos el mapa, son alcaldes que están precisamente en las áreas fronterizas, y, ¿quién pone el dinero para estas campañas? El narcotráfico. Eso no es ninguna magia… Todos los políticos sabemos quiénes son los alcaldes mafiosos… no están en mi partido, conmigo se ofrecieron, pero yo no acepté” (p. 97).

En 2014, Marllory Chacón, la “Reina del Sur,” se declaró culpable de conspiración para traficar cocaína a Estados Unidos. Según una investigación citada por la CICIG, ella “posee un entramado de 28 empresas” y “llegó a ser la aliada en Guatemala de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán,” jefe del cartel de Sinaloa. En declaraciones a periodistas admitió haber apoyado a varios partidos para sus campañas.

Pero la influencia de la narcoactividad no se limita a nivel regional. Ex-presidente del Crédito Hipotecario Nacional (CHN) José Armando Llort Quiteño “mantuvo estrechos vínculos” con grupos criminales y narcotraficantes y ayudo al Presidente Alfonso Portillo (2000-2004) a lavar millones de quetzales de dinero negro, según su propio testimonio dado en Estados Unidos (p. 94).

Y el caso de Gloria Torres, la secretaria de organización de UNE durante el gobierno de Álvaro Colom, representa los vínculos entre “una estructura dedicada al narcotráfico con el nivel más alto de un partido político” (p. 95). Es la hermana de la actual candidata a presidenta de UNE, Sandra Torres, aunque trabajaba como secretaria de organización del partido y candidata a diputada de UCN hasta su renuncia tras la publicación del informe de la CICIG en julio.

Obdulio Solórzano Montepeque, “un presunto miembro de un grupo dedicado al narcotráfico” financió a la UNE y fue elegido en 2003 como diputado por Escuintla. Formó parte en 2005 del Consejo Político de la UNE y, a principios del gobierno de Álvaro Colom, fue nombrado director de FONAPAZ (Fondo Nacional para la Paz). El informe dice, “Desde FONAPAZ, Solórzano benefició con contratos de obra pública y posiciones administrativas a la estructura del narcotraficante Ottoniel Turcios (extraditado a Estados Unidos en 2010). Una hija de Turcios, Lorena Turcios Ramírez, trabajó en FONAPAZ, y en la empresa Deconor, S.A., que fue beneficiada con la adjudicación de más de Q30 millones en obra pública. Solórzano fue asesinado en 2010 (p. 95).

Foto de portada: Protesta en la ciudad de Quetzaltenango, 2015. Por: Patricia Macías.