Corrupción y transparencia: El plan del Icefi

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Foto: Manifestante contra la corrupción el 27 de agosto de 2015 en Xela. Por Patricia Macías

Comentario por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). Septiembre, 2015.

La corrupción en Guatemala o en cualquier otro país, limita las acciones de los gobiernos para resolver los problemas sociales más urgentes debido a sus efectos negativos: contribuye a la pérdida de credibilidad en las autoridades e instituciones públicas (sean del ámbito nacional, departamental o municipal); interfiere en los mecanismos que garantizan la adecuada asignación y administración de los recursos públicos; además, agrava la pobreza y la desigualdad al anular las políticas gubernamentales orientadas a combatir esos rezagos sociales acumulados.

 

Cuando los recursos públicos no alcanzan los objetivos previstos debido a la corrupción, esto implica un costo social porque que se anula la posibilidad de que la ciudadanía reciba servicios públicos mínimos y dignos en salud, educación, nutrición, protección social, seguridad, entre otros. Este último punto ha sido reiterado en el informe «La Corrupción. Sus caminos, su impacto en la sociedad y una agenda para su eliminación», que recientemente presentaron el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales –Icefi– y Oxfam Guatemala.

Madre e hija exigiendo un mejor futuro sin corrupción en el paro del 27 de agosto de 2015 en Xela. Foto por Patricia Macías

Madre e hija exigiendo un mejor futuro sin corrupción en el paro del 27 de agosto de 2015 en Xela. Foto por Patricia Macías

 

En el documento se identificaron tres rubros vulnerables a la corrupción. Estos son los gastos para: obras públicas, adquisiciones públicas y fideicomisos públicos ejecutados por el Gobierno Central. Juntos, estos rubros representan el 29% del presupuesto total para 2015, aproximadamente Q20,800 millones. ICEFI estimó en el reportaje que al menos un 20% de los montos presupuestarios de los rubros evaluados podrían estar expuesto a la corrupción, tomando como referencia un análisis de la mayoría de casos de corrupción que son denunciados. Si esta estimación es correcto para estos tres rubros, significa que este año se perderían alrededor de Q4,160 millones, equivalentes al 6% del presupuesto total.

 

Para exponer la dimensión del problema el informe explica, por ejemplo, que si el 20% de los recursos para obras (Q2,302.80 millones) que administran el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), las municipalidades y los Consejos Departamentales de Desarrollo, no alcanzaran sus objetivos por causa de la corrupción, en 2015 se ocasionarían los siguientes daños sociales:

 

  • 6 millones de niños y niñas de los niveles preprimario y primario no recibirían atención en alimentación escolar, ni útiles escolares
  • Más de 400,000 niños y niñas de 1 a 5 años no recibirían los refuerzos de vacunación
  • 4 millones de niños y niñas menores de 5 años no recibirían el monitoreo de crecimiento
  • 2 millones niños y niñas menores de 5 años no recibirían atención médica por causa de infección respiratoria aguda
  • 2 millones de personas no recibirían atención médica por accidentes y violencia
  • 2 millones de aportes económicos a los adultos mayores se dejarían de entregar
  • 9 millones de aportes económicos a familias con niños y niñas menores de 5 años, mujeres embarazadas o en período de lactancia, por concepto del bono seguro de salud se dejarían de entregar

 

Los ejemplos de comparación citados en el informe demuestran que la corrupción impacta en la vida de las personas vulnerables y en condiciones de desventaja, socavando sus derechos humanos porque se pueden quedar sin acceso a servicios públicos esenciales. A criterio del Icefi, la problemática en Guatemala se puede explicar y comprender a partir de seis caminos que conducen a la corrupcióny: legislación desactualizada, institucionalidad débil, acceso deficiente a la información pública, participación ciudadana escasa, existencia de conflictos de intereses e impunidad. Estos factores han sido determinantes para que prevalezca una cultura de opacidad que produce beneficios ilegítimos a unos cuantos servidores públicos y actores privados, en perjuicio de la mayoría de la población.

 

El esfuerzo para romper esa inercia de tolerancia y permisividad a la corrupción implica varios desafíos. Primero, la necesidad de definir una agenda mínima que contenga las acciones prioritarias que contribuirían a promover la transparencia y combatir la corrupción; segundo, la necesidad de voluntad política de las autoridades y de la clase política para implementar esa agenda, para desmantelar las estructuras sociales, políticas, institucionales y económicas que fomentan la corrupción; y, tercero, la necesidad de contar con una ciudadanía activa, exigente, propositiva y vigilante de las acciones gubernamentales, que no circunscriba su participación únicamente a la emisión del voto.

Manifestante contra la corrupción el 27 de agosto de 2015 en Xela. Foto por Patricia Macías

Manifestante contra la corrupción el 27 de agosto de 2015 en Xela. Foto por Patricia Macías

 

Para contribuir al primer desafío anotado, el Icefi considera que las autoridades que resulten electas y asuman los cargos públicos en 2016, deben considerar como mínimo los siguientes objetivos para alcanzar la transparencia y luchar contra la corrupción:

 

  1. Garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos públicos con medidas concretas de publicidad sobre la gestión presupuestaria y el régimen de adquisiciones públicas, así como el fortalecimiento de las herramientas electrónicas que proveen información sobre la gestión y uso de los recursos públicos (el Sistema Integrado de Administración Financiera –SIAF–).
  2. Asegurar la probidad de los funcionarios y empleados públicos a través de la modernización del régimen de servicio civil, el fortalecimiento del sistema de declaraciones juradas patrimoniales, la promoción de mecanismos para el manejo de conflictos de intereses y asegurar el cumplimiento de las normas legales de rendición de cuentas.
  3. Garantizar el acceso a la información pública, incluyendo políticas de datos abiertos y protección de datos personales, vigilando el estricto cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública y aprovechando el uso de la tecnología para potenciar el ejercicio de este derecho humano.
  4. Facilitar participación ciudadana mediante el impulso de espacios de colaboración entre administración pública y sociedad civil, así como la renovación de los esfuerzos para retomar la funcionalidad del sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
  5. Lograr un marco legal actualizado, acorde con las buenas prácticas y estándares internacionales en materia de transparencia, complementado con acciones para generar conciencia social sobre la importancia de la cultura de legalidad, que refuerce la idea sobre la responsabilidad compartida que se tiene para respetar el Estado de Derecho.
  6. Una institucionalidad pública moderna encargada de promover la transparencia y el combate a la corrupción que asegure los mecanismos idóneos y efectivos para desarrollar acciones de coordinación interinstitucional en esta materia, y apoye los esfuerzos de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG)a y el Ministerio Público (MP).
  7. Incorporar el análisis de la responsabilidad del sector privado en los esfuerzos de la lucha contra la corrupción, incluyendo la necesidad de promover la ética en los negocios como elemento de la responsabilidad social empresarial.
  8. Promover la elaboración, discusión, aprobación e implementación de la política nacional de transparencia, combate a la corrupción y gobierno abierto, que permita a la ciudadanía conocer las metas y objetivos que las nuevas autoridades electas se proponen alcanzar, así como acompañar y evaluar su implementación.

 

En 2015, la sociedad guatemalteca ha expresado un rechazo enérgico contra la corrupción y ha demandado cambios profundos para garantizar una gestión pública transparente. Los avances conseguidos a través de las actuaciones de la CICIG y el MP deben considerarse como un punto de partida para lograr una ruptura social histórica frente a este flagelo social, y la ciudadanía tiene la responsabilidad de emitir un voto consciente e informado, favoreciendo a quienes demuestren compromisos consistentes a favor de la transparencia.

 

Como ha quedado expresado, el contexto actual demanda reformas que permitan avanzar hacia sistemas de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y participación ciudadana, que no solo aseguren la probidad en la administración y ejecución del gasto público, sino también su eficiencia y concordancia con el interés general de la sociedad guatemalteca.

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